El gobierno español frenó la declaración de víctimas del franquismo ante la jueza María Servini de Cubría

MADRID.- Víctimas españolas del franquismo se declararon este miércoles "frustradas" tras la suspensión de su declaración por videoconferencia ante la juez que instruye la causa abierta en Argentina por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1939-1975) y los dos años siguientes.

"Nos hemos sentido frustrados", dijo en rueda de prensa Pedro Fausto Canales, cuyo padre fue asesinado al inicio de la Guerra Civil (1936-1939). Canales es uno de los tres querellantes que iba a declarar este miércoles ante la juez María Servini de Cubría , desde el consulado argentino en Madrid.

La magistrada decidió suspender "por el momento" las declaraciones después que el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, le informara de la recepción de una nota verbal del ministerio de Asuntos Exteriores español "manifestando el descontento y malestar que causaba a las autoridades de ese país" la forma de recabar esos testimonios, según la resolución judicial argentina.

La cancillería española confirmó la remisión a la embajada de una nota verbal en la que "solicita oficialmente que las diligencias judiciales se lleven a cabo en consonancia con lo establecido" en el tratado de extradición y asistencia judicial entre los dos países, pero rechazó haber expresado ningún comentario.

En la nota solicita que si la justicia argentina quiere llevar a cabo alguna diligencia en España, lo haga mediante una solicitud a través de una comisión rogatoria.

AVANCE DE LA QUERELLA

Sin embargo, para Carlos Slepoy, uno de los abogados de los 150 querellantes, al tratarse de "una causa argentina, instruida por una jueza argentina", que incluía una serie de videoconferencias que "se iban a tomar en el consulado argentino en Madrid", no es necesario recurrir a las comisiones rogatorias previstas, según él, para el caso de que la justicia argentina pida ayuda a la justicia o instituciones españolas.

Esta reacción pone en evidencia que "el Ministerio de Asuntos Exteriores se está poniendo un poco nervioso con el avance de esta querella", según Slepoy, quien anunció que la mayoría de los videoconferenciantes viajarán a Argentina para declarar ante la juez.

Canales tenía previsto declarar este miércoles junto a Pablo Mayoral, condenado a 30 años de prisión en un consejo de guerra en 1975, y Merçona Puig Antich, hermana del anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado en marzo de 1974 acusado del asesinato de un policía tras una todavía cuestionada investigación.

Tras ellos estaba previsto que declararan otros nueve testigos a lo largo de otras tres sesiones en el consulado argentino en Madrid.

Los abogados confían en que tras las declaraciones, la juez tendrá suficientes elementos para pedir las declaraciones de los nueve imputados en esta causa.

Entre estos, se encuentran Rodolfo Martín Villa, antiguo ministro de Relaciones Sindicales en 1976, además del exministro de Vivienda y ex secretario general del Movimiento José Utrera Molina, y el exministro de Trabajo Fernando Suárez González.

Están acusados además los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez Chaparro, así como los expolicías José González Pacheco, alias "Billy El Niño", José Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.

La justicia argentina abrió en 2010 la causa por los crímenes perpetrados en España entre desde el inicio de la Guerra Civil (18 de julio de 1936) hasta el 15 de julio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista, alegando el llamado principio de Justicia Universal.

Agencias Télam, AFP y AP