El gobierno griego aprobó el ajuste

El Parlamento lo votaria la semana próxima; buscan recortar 120.000 millones de dólares
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23 de junio de 2011  

ATENAS.- Tras haber obtenido el voto de confianza del Parlamento, el gobierno socialista griego aprobó ayer el proyecto de ley que contiene el impopular plan de ajuste y privatizaciones por unos 120.000 millones de dólares, exigido por el FMI y la Unión Europea (UE), para obtener más ayuda financiera y evitar así el default.

El proyecto de ley ahora será remitido al Parlamento, donde será sometido a votación para su aprobación el jueves de la próxima semana, según indicó el gobierno de Giorgios Papandreu en un comunicado.

De aprobarse este proyecto, algo esperable después del decisivo voto de confianza que recibió el gabinete, las medidas a asumir por Grecia en los próximos cuatro años son de máxima severidad, lo que provoca una gran inquietud no sólo en la población, sino también en el mismo gobierno. Además, se trata del segundo ajuste que realiza Atenas en poco más de un año.

Según el proyecto de ley, Grecia planea ahorrar mediante la recaudación de impuestos y el recorte del gasto público unos 40.600 millones de dólares hasta 2015, de los cuales 9000 millones deben entrar este mismo año.

Según los medios locales, el gobierno está obligado a reducir los sueldos en el sector público, además de recortar la plantilla en un 25% para 2015, lo que equivale a 150.000 empleados públicos que perderán su trabajo. Además, aquellos que mantengan su puesto ya no percibirán pagos extraordinarios y deberán trabajar más horas, con una semana laboral que pasará de 37,5 a 40 horas.

Los ajustes incluyen -por primera vez en tres décadas- un recorte del presupuesto para comprar armamento, que en 2013 bajará en 350 millones de dólares y otros 500 millones en 2014. Además, el Ministerio de Defensa, considerado en Grecia como un "gobierno dentro del gobierno" por su enorme presupuesto cuyos detalles no se hacen públicos, canceló encargos militares por más de 1000 millones de dólares.

Gracias a una mayor carga impositiva, el gobierno espera recaudar unos 3500 millones de dólares adicionales este año y otros 5000 millones de dólares entre 2012 y 2015.

Los profesionales autónomos, que hasta ahora cuentan con muchos privilegios fiscales, deberán pagar impuestos a partir de unos ingresos anuales de 17.000 dólares, y quienes ganen más de esta cantidad tendrán que contribuir con el 1% hasta el 3% a un fondo para financiar el seguro de desempleo. También se introducirán nuevas tasas sobre las viviendas tasadas por encima de los 280.000 dólares y sobre bienes como autos de lujo, mansiones, yates y piletas de natación en jardines particulares.

Un punto relevante del programa es la privatización de activos del Estado que, junto con las privatizaciones de empresas estatales, está destinado a recaudar más de 70.000 millones de dólares hasta 2015.

La ley creará un "nuevo fondo" encargado de las privatizaciones, "bajo control internacional" de la UE, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE). Estos "observadores" extranjeros proporcionarán sus "conocimientos" y asegurarán la "transparencia" del proceso, según dijo el ministro de Finanzas griego, Evangelos Venizelos.

El recorte de beneficios sociales y de aportes del Estado a las pensiones será de 1100 millones este año y de 7700 millones entre 2012 y 2015, lo que junto con los recortes de salarios y despidos seguramente contribuirá a aumentar el clima de descontento social.

Mediante este sacrificio nacional, el primer ministro Giorgios Papandreu espera que sus socios europeos le tiendan una vez más la mano para ayudarlo con un segundo plan de rescate, adicional a los 155.000 millones de dólares otorgados en 2010, para reducir el desbocado déficit fiscal de 10,5% del PBI a menos de 3% en 2015. Se estima que este nuevo paquete de ayuda alcance los 170.000 millones.

Tensión y críticas

Pero en Grecia, donde ya hubo tres huelgas generales en lo que va del año, el clima social sigue siendo muy tenso y la situación podría agravarse con este nuevo ajuste. En ese sentido, los sindicatos preparan una huelga de 48 horas que coincida con la votación del plan presupuestario la semana que viene.

En su informe mensual sobre la situación social en el mundo, divulgado ayer, la ONU manifestó su rechazo a las políticas de austeridad como las llevadas a cabo en España y en Grecia, porque amenazan el empleo y ponen en peligro la recuperación económica.

"Las medidas de austeridad adoptadas por ciertos países como Grecia y España frente a un excesivo endeudamiento público no solamente amenazan el empleo en el sector público y los gastos sociales, sino también convierten en más frágil e incierta la recuperación", explica el informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

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