El gobierno mexicano inhabilita las operaciones de Odebrecht por tres años
La constructora brasileña había confesadoante una corte estadounidense el pago de US$ 10,5 millones
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México anunció la inhabilitación de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en millonarios casos de sobornos en toda América Latina, y de empresas subsidiarias para participar en contrataciones públicas federales.
La Secretaría de la Función Pública prohibió a las dependencias del gobierno (la administración pública federal, empresas productivas del Estado, entidades federativas y la Fiscalía General de la República) hacer negocios con Odebrecht a través de dos circulares oficiales en las que se ordena que deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos "por encontrarse inhabilitada temporalmente por el plazo de tres años".
Una de las circulares se refiere a la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México SA y la otra, a la Constructora Norberto Odebrecht SA.
Odebrecht confesó a fines de 2016 en una corte de Estados Unidos que pagó 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre 2010 y 2014, entre otros escándalos que afectaron a varios países de la región.
Según la orden oficial, los contratos ya formalizados con "las mencionadas infractoras" no quedarán comprendidos en la veda.
Odebrecht ofreció en octubre pasado pagar 18 millones de dólares a México a cambio de poder volver a hacer contratos con el gobierno y sus entidades, pero México rechazó la propuesta.
En México, los casos de corrupción vinculados a la empresa brasilera implican hasta al director general de la empresa estatal Pemex, Emilio Lozoya.
Además, según un informe de la Auditoría Superior de la Federación, Pemex efectuó pagos irregulares por 46 millones de dólares a Odebrecht al generar sobrecostos injustificables en las obras de una refinería.
En diciembre de 2017, México le había impuesto una sanción a Odebrecht y la inhabilitó durante cuatro años para obtener contratos públicos en el país, después de que se demostrara el cobro indebido de 6,2 millones de dólares en el proyecto de una refinería, pero esta inhabilitación fue anulada en 2018.
Agencias Reuters y diario El Universal
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