El independentismo catalán expone a España a elecciones anticipadas

MADRID.- El frágil gobierno de Pedro Sánchez quedó expuesto ayer a un posible final en pocas semanas luego de rechazar la amenaza de sus aliados del independentismo catalán de "retirarle" el apoyo parlamentario que necesita si no les concede un referéndum sobre la independencia.

Esa es, tal vez, la consecuencia más evidente de la resaca que dejó la convulsa y, por momentos, violenta movilización callejera con la que se evocó en Cataluña el primer aniversario del fallido referéndum sobre la independencia, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Presionado por el independentismo radical, que empieza a verlo como un "fantoche" sin poder, el gobierno regional de Joaquín Torra se vio forzado a hacer lo que prometió que nunca haría: darse plazos para lograr "la independencia".

"Si no tenemos un acuerdo para un referéndum de autodeterminación, no garantizaremos ningún apoyo al gobierno del Sánchez a partir de noviembre", dijo Torra.

Torra, que jamás pensó que llegaría a presidente de la Generalitat y que solo está allí porque lo puso a dedo el destituido y fugado expresidente Carles Puigdemont , sabía que lo que pedía a Sánchez era imposible. Lo que llama la atención es que se haya dado "un mes" para reaccionar cuando sabía que la concesión era imposible, como así lo hizo saber La Moncloa apenas dos horas después, con un mensaje muy claro en el que dijo no a la independencia y no al pedido de autodeterminación.

Fue, tal vez, el mensaje más claro -y el más rápido- que, en esa materia, produjo el gobierno de Sánchez en los 120 días que lleva en el poder.

Lo hizo con tres ideas. La primera, con el no a la independencia catalana y, de paso, que no acepta ultimátum.

Segundo, que aun así mantiene la oferta de "diálogo" sobre problemas concretos. Y, tercero, un llamado -inútil- a la oposición del derechista Partido Popular y del liberal Ciudadanos para que lo acompañen en esa "cuestión de Estado".

La suerte del gobierno de Sánchez quedó así atada al plazo que el debilitado Torra impuso al pulso político que él mismo lanzó como modo de supervivencia.

La explicación de esta acelerada en la crisis con Cataluña hay que buscarla en la resaca del primer aniversario del fallido referéndum de independencia del año pasado, que se saldó con una violenta represión policial, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

El protagonismo de la conmemoración lo tuvo la calle y los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), grupos soberanistas radicales, a los que Torra llamó "amigos" y los alentó a que "siguieran apretando" con cortes de calles, tomas de edificios públicos y acciones violentas, "porque eso hace bien". Fue un desesperado modo de tratar de congraciarse con las bases radicales que piden su renuncia por "traidor" y por "cobarde", por no "hacer la república". Algo que el propio Torra sabe que no está en sus manos hacer, pero que se la pasa prometiendo.

Alentado por la bendición oficial, los grupos radicales asediaron durante horas el Parlamento regional -la "casa de todos"- y agredieron a legisladores de la oposición. "Estamos gobernados por un pirómano", dijeron dirigentes opositores. Horas después, y ante la reapertura del Parlamento -que lleva semanas cerrado por desacuerdo entre las facciones independentistas-, lo primero que se le ocurrió a Torra fue culpar de todo lo que ocurre a Madrid.

Minutos después, lo emplazaba pidiéndole lo que la Constitución le prohíbe: que en un mes le otorgue un referéndum de autodeterminación, una figura que la norma no contempla.

La crisis con Cataluña entró así en una nueva fase, en la que el factor tiempo -el plazo de un mes- aparece como un nuevo y, tal vez, decisivo elemento.