El líder catalán, más cerca del límite que amenaza la unidad de España

BARCELONA.- Carles Puigdemont está a punto de romper la última barrera. Ninguna advertencia política ni legal, tampoco la conmoción por el atentado jihadista en La Rambla, va a convencer al presidente de Cataluña de revisar el proyecto que empuja a España a la peor crisis institucional en 40 años de democracia.

En 48 horas su bloque en el Parlamento regional prevé sancionar las dos leyes con las que pretenden dar sustento a un referéndum de autodeterminación el 1º de octubre y declarar inmediatamente después la creación de una república independiente.

"A pesar de las amenazas, querellas y causas penales hemos seguido adelante. No vamos a retroceder ahora, cuando estamos a 25 días del objetivo de que los catalanes decidan su futuro", dijo ayer Puigdemont en un almuerzo con corresponsales de medios extranjeros, entre ellos la nacion.

Enfatizó que las denominadas leyes de ruptura seguirán vigentes aunque, como se descuenta, sean suspendidas al instante por el Tribunal Constitucional (TC), la máxima autoridad jurídica de España. "Vamos a seguir adelante con lo que nos ampare el Parlamento de Cataluña", enfatizó.

Eso que para las autoridades españolas es la prueba de una insurrección para el líder separatista significa "la única vía posible para cumplir el deseo mayoritario de votar". Y niega que se trate de una declaración de la independencia anticipada: "Es una pasarela para ir de una legalidad muy rígida (la española) a otra, que será la que decidan los catalanes". Después fue más allá y dijo que "prohibir las urnas sería como un golpe de Estado".

El conflicto está servido. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, volvió a advertir ayer que no autorizará el referéndum, que el plan separatista es "una estafa" y que está dispuesto a usar "toda la fuerza de la ley" para impedir lo que a su juicio es una violación flagrante de la Constitución.

La incógnita es qué está dispuesto a hacer para frenar a Puigdemont y sus aliados. Las opciones sobre la mesa son todas drásticas: desde la virtual intervención de la autonomía catalana hasta el pedido a la justicia para que suspenda, inhabilite o detenga a las autoridades regionales.

Ya no queda margen para pensar. Las dos leyes que tratará mañana el Parlamento contemplan autorizar un referéndum cuyo resultado sería vinculante. No establece un piso mínimo de participación. Si la opción a favor de la separación triunfa por un voto, el gobierno catalán se compromete a declarar la independencia en el transcurso de los dos días siguientes. Para esa eventualidad, se dispone un sistema de transición que regiría la vida de Cataluña hasta la aprobación de una hipotética Constitución.

Los opositores consideran estas leyes un "mamarracho jurídico" y se niegan a asistir siquiera al debate. Los separatistas no los necesitan: tienen mayoría absoluta, aunque la obtuvieron en unas elecciones -en 2015- en las que no alcanzaron el 50% de los votos.

"Acto de fuerza"

Puigdemont -ex periodista, de 54 años y líder regional desde 2016- no quiere especular con la respuesta de Rajoy. Sólo dice que cualquier medida que implique cercenar la autonomía de su territorio "sería un acto de fuerza desproporcionada contra un proyecto democrático".

En cualquier caso, el presidente catalán contrapone como arma la movilización callejera, un elemento central durante los últimos seis años de auge independentista. Las agrupaciones nacionalistas trabajan a toda máquina para batir récords de asistencia el lunes en la marcha por el Día Nacional.

La batalla de la calle resulta decisiva para los separatistas. Ya lo demostraron incluso en las circunstancias más dramáticas, hace 10 días, cuando coparon la marcha organizada en Barcelona para condenar los ataques terroristas en La Rambla y en Cambrils, que causaron 16 muertos. El rey Felipe VI y Rajoy sufrieron aquel día el repudio de un grupo de activistas que rompió la unidad buscada en el homenaje a las víctimas.

Puigdemont rechaza vincular el proceso independentista con el impacto del jihadismo. "Es un tema muy delicado y no queremos mezclarlo con la política", dijo. Aun así, insistió en que Cataluña mostró en aquellos días "que está preparada para gestionar una crisis de extrema gravedad".

Al tope de sus preocupaciones está convencer a la opinión pública internacional sobre el supuesto derecho de autodeterminación de Cataluña. Le cuesta encontrar apoyos visibles. Ayer se mostró con Ahmed Galai, vicepresidente de la Liga Tunecina de los Derechos Humanos (premio Nobel de la Paz 2015). También difundió un video de apoyo de Adolfo Pérez Esquivel. Pero en Europa reina la indiferencia a su reclamo, algo que Rajoy se encarga de resaltar siempre que puede.