El poder judicial, la esperanza brasileña

Los jueces avanzan contra los responsables de graves casos de corrupción
Los jueces avanzan contra los responsables de graves casos de corrupción
Alberto Armendáriz
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26 de julio de 2015  

RÍO DE JANEIRO.– El tesorero del Partido de los Trabajadores y varios empresarios encarcelados por la corrupción de Petrobras. Medio centenar de políticos bajo la lupa de la justicia por ese mismo escándalo. El ex presidente Lula investigado por tráfico de influencias. Los números del gobierno de Dilma examinados por dudosas maniobras para maquillar el déficit. Su campaña evaluada por el Tribunal Superior Electoral por sospechas de que habría recibido financiamiento ilegal.

Los problemas legales del gobierno en Brasil son muchos, todo en medio de un fuerte cisma político y de serias dificultades económicas. Sin embargo, ante este panorama de escándalos y ajustes, un fenómeno esperanza a los brasileños: la independencia de la justicia, que no teme enfrentar al poder.

Esas acciones contra los peces gordos del país se reflejan tanto en los tribunales como en la calle. Según una encuesta de la consultora CMA, el judicial es el más creíble de los tres poderes del Estado, muy por encima del ejecutivo y del Congreso.

El 10% de los brasileños estima que la justicia es la institución más confiable, según CMA, después de la Iglesia y de las fuerzas armadas. Apenas el 1,1% piensa lo mismo del gobierno y sólo el 0,1% opina que el Congreso es creíble.

"Estamos viviendo una grave crisis política, pero las instituciones judiciales se encuentran más sólidas que nunca, actuando con profesionalismo, independencia y compromiso con la ética en general y la ética política en particular. Es una señal de consolidación democrática que, ayudadas por la prensa, no duden en controlar, investigar, denunciar y juzgar a los políticos y otros poderosos que deben ajustarse a la ley, como todos", afirmó a LA NACION Carlos Ayres Britto, ex presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), quien le dio impulso a un caso bisagra: el juicio por el escándalo del mensalão.

Todos los analistas coinciden en que ese proceso, que acabó en 2013 con la condena de la plana mayor del PT por el esquema de coimas mensuales pagadas a legisladores opositores durante el primer gobierno de Lula (2003-2006), supuso un hito para la justicia brasileña.

Primero, ya no parecía haber "intocables", ajenos a la ley. Segundo, los ministros que conformaban entonces el STF, la mayoría nominados por Lula o Rousseff, demostraron ser independientes de la política. Y, por último, el juicio revigorizó los ánimos en las instancias judiciales inferiores que comenzaron a convencerse de la posibilidad de un cambio real en la justicia.

"Sin el juicio del mensalão, no podría existir el petrolão, iniciado por un juez federal de Curitiba, Sergio Moro, que se atrevió a meterse de lleno en las corruptelas dentro de Petrobras. La independencia jurídica está plasmada en la Constitución de 1988, pero desde entonces ha habido muchos pasos en falso, errores de los que se fue aprendiendo. No fue una independencia ganada de la noche a la mañana, fue conquistada con grandes esfuerzos y hoy una nueva generación de fiscales y jueces la defiende por sobre todas las cosas", apuntó Joaquim Falcão, profesor de Derecho en la Fundación Getulio Vargas.

Para Falcão, ese cambio generacional fue personificado, en parte, por el juez Joaquim Barbosa, hoy de 60 años y jubilado, que sucedió a Ayres Britto en la presidencia del STF cuando comenzaron a darse las sentencias del mensalão.

Primer hombre de color en encabezar el máximo tribunal, Barbosa también mostró una nueva cara de la justicia brasileña: más diversa, cosmopolita y pragmática, consciente de su imagen pública gracias a la transmisión en vivo de las sesiones. Y la prensa, que mantuvo constante su cobertura del juicio, lo convirtió en una suerte de superhéroe de capa negra. Era aplaudido cuando subía a un avión o entraba a un restaurante, y la gente le pedía autógrafos y fotos en la calle. "La sintonía de algunas instituciones judiciales con la opinión pública genera un círculo virtuoso que lleva a que otros órganos busquen ser más competentes en su lucha contra la corrupción", opinó Falcão.

La misma reacción genera el juez federal de Curitiba Sergio Moro, de 43 años. A diferencia de Barbosa, cultiva un perfil muy bajo y no da entrevistas. Pero las pocas veces que habló en público dejó en claro que es representante de un nuevo tiempo, con valores muy firmes, y no duda en parafrasear a otro superhéroe, el Hombre Araña ("Un gran poder conlleva una gran responsabilidad"). Junto con Moro trabaja una fuerza de nueve fiscales del Ministerio Público Federal coordinada por Deltan Dallagnol, de 34 años, especializado en crímenes financieros en Harvard.

"Por todo el país vemos que han surgido nuevos fiscales, jueces de todas las instancias y comisarios de la Policía Federal más profesionales, que han dejado de lado una visión teórica-doctrinaria para asumir un mayor pragmatismo, preocupados por los resultados, que actúan con una estrategia clara, objetiva, basada en hechos, evidencias, documentos. Son personas que tienen experiencia en los más diversos casos de crímenes financieros, narcotráfico, juego ilegal, corrupción en general, con los que vienen acumulando conocimiento y ayudando a madurar nuestra justicia", destacó la procuradora de la República, Silvana Batini.

Pese a los avances, las instituciones judiciales tienen importantes obstáculos por delante. La injerencia política sigue siendo un riesgo, sobre todo a nivel de los estados, donde los gobernadores pueden ejercer más presión que las autoridades nacionales. Además, la velocidad con que algunos jueces de primera instancia se mueven, como el dinámico Moro, puede frenarse con apelaciones y recursos que luego acaben frustrando a la sociedad brasileña que se ha hecho grandes expectativas.

"Estamos en un proceso histórico en el que el petrolão es apenas un episodio, no el último capítulo de una telenovela con final feliz", advirtió la fiscal Batini.

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