En España, la fiscalía y el gobierno se movilizan para defender a la infanta Cristina
El fiscal anticorrupción acusó al juez que la investiga de urdir "teorías conspirativas"
MADRID.- La infanta Cristina cuenta con algo más que sus prestigiosos abogados para defenderla en su mala hora judicial: el fiscal del caso, los organismos estatales involucrados en la investigación y el propio gobierno de Mariano Rajoy se movilizaron en los últimos días para desacreditar la imputación dispuesta por el juez José Castro.
"Se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de doña Cristina de Borbón verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos", denunció ayer el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, en un durísimo escrito en el que niega que la hija del rey Juan Carlos haya cometido los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal que le achaca el juez. Acusa a Castro de inventar "teorías conspirativas" para sostener sus sospechas.
Sin embargo, pese a su refutación, el fiscal se niega a apelar la decisión del magistrado. Lo mismo hará la Abogacía del Estado, en una aparente contradicción con la posición de otro ente gubernamental, la Agencia Tributaria, que dijo no haber encontrado indicios de delito en la actitud de la infanta.
De esa manera se alinean con la estrategia de la defensa, que decidió no recurrir la decisión del juez y aceptar la declaración indagatoria de la hija del rey (prevista para el 8 de febrero). Una apelación hubiera podido abrir la puerta a que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca convalidara los argumentos de Castro, lo que potenciaría el impacto sobre Cristina y el consecuente desprestigio de la monarquía.
La infanta quedó involucrada en los negocios turbios atribuidos a su esposo, Iñaki Urdangarin, que entre 2003 y 2007 se apropió de fondos millonarios que obtuvo por contratos públicos destinados, en los papeles, a beneficencia. Parte de ese dinero fue desviado a una sociedad llamada Aizoon, en la que Cristina figura como copropietaria con su marido. El juez la imputó la semana pasada por considerar que había lucrado a conciencia con el dinero público.
Los abogados defensores -conducidos por el jurista Miquel Roca- se resignaron a la inusual situación de que una hija del rey se siente frente al juez, pero intentarán evitar que sea procesada y llegue a juicio.
Especulan con que al no existir impulso de la acusación por parte del Estado -en teoría el perjudicado, al tratarse de un delito fiscal- la Audiencia podría desvincular del caso a la infanta. El banquero Emilio Botín consiguió años atrás evitar un juicio por la aplicación de esa doctrina, que de todos modos no es unánime.
La Agencia Tributaria rechazó en sus informes remitidos al juzgado que la infanta hubiera incurrido en delitos por su actividad en Aizoon. Pero el juez sugirió que se habían manipulado datos para exculparla.
Ayer, el fiscal Horrach consideró que esa opinión del juez era "absurda y denigrante". Y pidió que tres inspectores fiscales y un jefe policial que actuaron en el caso sean citados a declarar antes del 8 de febrero, para que el interrogatorio a la infanta se base "en indicios reales y consistentes, no en conjeturas".
Horrach coincide con la Agencia Tributaria en que la evasión que puede atribuirse a Aizoon no supera el límite de 120.000 euros al año, considerado delito. El juez, en cambio, sostiene que la suma nunca superó el umbral delictivo porque se aceptaron facturas falsas.
El auto de imputación describe una llamativa maniobra que incluía atribuir a Aizoon gastos estrictamente personales (clases de salsa, cenas, viajes, hasta libros infantiles), de manera de reducir la cantidad de impuestos por pagar. El fiscal sostiene que, en todo caso, son faltas éticas "de nula relevancia penal".
Otra voz poderosa que salió en auxilio de la infanta fue la del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Lo hizo para reclamar que se la excluya de la obligación de entrar al juzgado de Palma de Mallorca a pie, como sí hizo Urdangarin el año pasado. Un largo camino a la vista de todo el mundo, al que la prensa bautizó "el paseíllo de la vergüenza".
"Yo estoy seguro de que se establecerán las medidas para evitarlo", dijo el ministro.
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