En pleno revuelo, Bolsonaro debilita una ley de transparencia

RÍO DE JANEIRO.- En medio de las escandalosas revelaciones que envuelven al hijo mayor del presidente brasileño, el gobierno de Jair Bolsonaro alteró ayer las normas que reglamentan una ley de transparencia y amplió significativamente la cantidad de funcionarios públicos que podrán clasificar datos como "secretos" y "ultrasecretos".

Por decreto, mientras Bolsonaro participaba del Foro Económico Mundial en Davos, el vicepresidente Hamilton Mourão modificó las reglas de aplicación de la ley de acceso a la información, promulgada en 2012 para hacer rendir cuentas al gobierno.

Hasta ahora, solo el presidente, el vice, los ministros, los comandantes de las fuerzas armadas y los jefes de las misiones diplomáticas en el exterior estaban autorizados a colocar datos bajo los grados máximos de sigilo, protegidos por 25 años ("ultrasecretos") y 15 ("secretos") antes de volverse información pública. Con los cambios, esas clasificaciones podrán ser establecidas también por otros altos funcionarios civiles, como jefes y directores de agencias y empresas estatales, y otros cargos designados políticamente. Así, a partir de ahora, más de 1200 empleados públicos tendrán la potestad de mantener información fuera del alcance de la prensa y de la sociedad.

"El actual decreto amplía la posibilidad de uso infundado y excesivo de este instrumento, y puede perjudicar el monitoreo del poder público", advirtió en un comunicado la organización Transparencia Brasil, que lucha contra la corrupción en el país, y recibió con "preocupación y sorpresa" estos cambios, que no fueron "ni consultados ni discutidos con la sociedad".

Según Mourão, el objetivo es reducir la burocracia para los análisis de pedidos de estas clasificaciones; señaló que el decreto ya había sido trabajado por el gobierno de Michel Temer y que Bolsonaro le dio "luz verde" para firmarlo. Resaltó que, de cualquier modo, solo los ministros podrán clasificar documentos como "ultrasecretos".

"Normalmente, son planes militares, algunos documentos de Itamaraty [cancillería], algunos acuerdos firmados. Es muy poca cosa. La transparencia será mantenida", afirmó. El decreto llegó en un momento en que el flamante gobierno de Bolsonaro -que ganó las elecciones en gran parte gracias a sus compromisos anticorrupción y a favor de la transparencia- está muy cuestionado por la actitud que tuvo frente a recientes escándalos que involucraron a su hijo mayor, el senador electo Flavio Bolsonaro.

Primero el Consejo de Control de Actividades Financieras descubrió sospechosos movimientos en efectivo de un exasesor suyo -Fabricio Queiroz- cuando Bolsonaro hijo era diputado estatal de Río. Luego se reveló que el propio Flavio Bolsonaro también había hecho numerosos e inusuales depósitos de dinero que generaron más suspicacias; que tenía contratadas en su despacho a la madre y la esposa de un líder miliciano prófugo (Adriano Magalhães da Nóbrega), buscado en conexión con el asesinato de la concejala Marielle Franco el año pasado, y ayer que, cuando comenzó su carrera política, mantuvo varios empleos incompatibles.

Aunque el presidente llegó a decir anteayer que si su hijo había cometido algún ilícito debería pagar por sus acciones, anteanoche resaltó su confianza en él. "Creo en él. La presión enorme sobre él es para intentar golpearme", dijo a la cadena evangélica Record.