Fuerte crítica a la Argentina por la respuesta a las protestas

La directora de AI en el país, Mariela Belski, fustigó al Gobierno
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22 de febrero de 2018  

Mariana Belski habla rápido y con tono de preocupación. Para la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en la Argentina, en el país "hay una regresión en materia de derechos humanos" y un "discurso de mano dura en torno a la protesta social".

Enseguida aclara que la intención de la organización no es comparar al gobierno de Mauricio Macri con el de Cristina Kirchner, pero admite que hay una "tendencia preocupante respecto de la criminalización de la protesta social y de la libertad de expresión".

En su informe sobre 2010, durante el gobierno de Cristina, AI también criticó el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía.

Con respecto al año pasado, Belski resaltó la violencia desmedida que hubo en la manifestación en contra de la reforma previsional. De acuerdo con el informe anual que presentó ayer AI sobre los derechos humanos en el mundo (ver aparte), ese día en Buenos Aires hubo más de 120 detenidos y cientos de heridos, mientras que por lo menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente, según denunciaron familiares.

La directora de AI en el país continúa. Además de la violencia policial, resalta el caso de Santiago Maldonado, que, señala, le preocupa mucho. "El caso no está cerrado porque el cuerpo haya aparecido. Qué bueno que apareció, pero Maldonado no desapareció en el río Chubut y se cayó. Desapareció en un contexto de represión de la Gendarmería y no hay un solo responsable. El Gobierno intenta instalar que el caso terminó y que los culpables son los mapuches", opina. En noviembre pasado, la autopsia confirmó que el cuerpo de Maldonado no tenía signos de violencia ejercida por terceros y que el joven murió por asfixia por sumersión tras sufrir una hipotermia.

Por otro lado, Belski asevera que la problemática indígena es un tema que ningún gobierno argentino tomó en serio y que este no es la excepción. Para la directora de AI, el Gobierno tiene un doble discurso. "Por un lado, extendió la prórroga de la ley 26.160, que impide el desalojo de las comunidades indígenas, pero del otro demoniza a los mapuches porque impiden el desarrollo económico de proyectos redituables para el Gobierno, como Vaca Muerta", señala.

La "demonización" de los líderes sociales y organizaciones de derechos humanos es una tendencia mundial, según el informe de AI. "Estos gobiernos demonizan a estas personas o instituciones para que la sociedad crea que dicen cosas que no son ciertas. Esto lo hacen por medio de las noticias falsas", explica.

Como resumen, Belski explica que el Gobierno no pondera una política de derechos humanos "probablemente para diferenciarse" del anterior. "Esto es un grave error porque los derechos humanos no se dividen entre nuevos y viejos", concluye.

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