Golpeada por la crisis, Dilma pide ayuda a los gobernadores para fortalecerse

Los convocó en Brasilia para pedirles "cooperación federativa" ante los conflictos
Los convocó en Brasilia para pedirles "cooperación federativa" ante los conflictos
Alberto Armendáriz
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31 de julio de 2015  

RÍO DE JANEIRO.- En medio de la grave crisis política y económica que enfrenta Brasil, y con el Congreso a punto de retomar sus sesiones con una agenda de obstáculos para el gobierno, la presidenta Dilma Rousseff convocó ayer a los 27 gobernadores del país para pedirles socorro ante los difíciles desafíos en el camino.

"Personalmente, sé soportar la presión y hasta la injusticia. Eso es algo para lo que cualquier gobernante tiene que capacitarse y saber que es parte de su actuación (...) Sabemos que hay mucho por mejorar, porque nuestro pueblo está sufriendo. Debemos cooperar más, independientemente de nuestras afinidades políticas. La cooperación federativa es una exigencia constitucional", resaltó Dilma durante el encuentro en el Palacio de la Alvorada.

Desde que asumió su segundo mandato, el 1° de enero, a Dilma le llovieron las malas noticias. La economía entró en una fuerte tendencia recesiva -se estima que este año el PBI retrocederá 1,7%-, con alzas en la inflación (9%) y el desempleo (8%). Las constantes revelaciones del escándalo de corrupción en Petrobras salpicaron al gobierno y hasta llevaron a la detención del ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), junto a numerosos ex directivos de la petrolera estatal y ejecutivos de grandes constructoras acusados de pagar sobornos para ganar contratos, y de desviar dinero a políticos oficialistas.

La propia coalición gobernante se resquebrajó por acusaciones cruzadas derivadas del petrolão y por luchas de poder con el principal aliado del PT, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que preside ambas cámaras en el Congreso.

Antes de entrar en receso de invierno, que termina el próximo lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha -sospechado de haber recibido coimas del petrolão-, se declaró abiertamente opositor y prometió complicarle la existencia a Dilma, a quien acusa de filtrar información judicial en su contra. Antes de salir de vacaciones, Cunha anunció la creación de dos comisiones investigadoras para revisar acciones del gobierno. Y durante su descanso, diseñó un plan de "pautas-bomba" para entorpecer aún más su gestión con medidas de gastos que pondrían en riesgo el programa de ajuste de las cuentas públicas que impulsa la presidenta.

"Sabemos que la estabilidad económica es muy importante. Es una responsabilidad de todos. La Unión tiene que luchar con ese proceso y asumir sus necesidades y condiciones. Y, al mismo tiempo, consideramos que, como algunas medidas afectan a los estados y al país, los gobernadores tienen que participar. Hay algunos proyectos legislativos de grave impacto. En algunas situaciones, las veté. Pero todas estas medidas tendrán impacto para los estados, sin duda alguna", advirtió en busca de respaldo político.

El Palacio del Planalto espera que los gobernadores puedan ayudar a convencer a los legisladores de sus estados a por lo menos frenar las iniciativas promovidas por un sector del PMDB y otras fuerzas de la oposición que elevarían los gastos públicos. Durante la reunión, atenta a los apuntes que le había hecho su padrino político, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, Dilma hizo referencias a un "pacto nacional".

"Fue un encuentro positivo para la construcción de una agenda de gobernabilidad desde el punto de vista económico", lo definió el gobernador del Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, del Partido Socialista Brasileño (PSB).

Otras preocupaciones que están en la cabeza de la presidenta son los reclamos de grupos civiles y algunos partidos opositores para que sea sometida a un juicio político por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de Petrobras. Por su posición, Cunha es el encargado de aceptar o rechazar cualquier pedido de impeachment que se haga al Congreso, y ya pidió la actualización de una decena de ellos presentados en los últimos meses.

El mayor temor del gobierno es que se llegue en esa situación luego de que el Tribunal de Cuentas de la Unión emita su fallo sobre las maniobras fiscales que Dilma realizó durante su primer mandato para supuestamente esconder el déficit.

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