Las protestas por la suba del petróleo: sigue el desafío de los camioneros. Imponen mano dura en España para terminar con los piquetes

MADRID.- Llegó el golpe de timón en el gobierno socialista español y, con él, la mano dura.

O sea, con la espalda ya tensada por el peso de un piquetero muerto, tres días de bloqueo infernal en las rutas y la tensión social y el desabastecimiento en alza, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió tomar el toro por las astas.

Así, de un solo plumazo, catalogó como "ilegales" los piquetes de los transportistas que protestan contra la suba del combustible. Y, sin más trámite, sacó las grúas a la calle e, inmediatamente, comenzó el retiro de los camiones rebeldes de las rutas que hicieron suyas durante 72 horas.

¿Conclusión? A las 19 de ayer se circulaba con bastante normalidad en la España que, horas antes, había amanecido, una vez más y por tercer día consecutivo, en caos y con violencia en alza.

"Los piquetes son ilegales. Vamos a actuar con la máxima firmeza contra quienes atenten contra el orden público", dijo, al mediodía, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Su medicina se saldó, al cierre de esta edición, con más de 60 camioneros arrestados y amenaza de multas y prisión para los más díscolos.

Eso fue con los piquetes de los camioneros. Pero la suerte le fue más esquiva con la efervescencia social que bulle con el malestar económico. Y ayer los incidentes, no exentos de refriega con la policía, se extendieron a agricultores, ganaderos y pescadores, acogotados por la misma suba de los combustibles.

No hubo comentarios formales entre las autoridades por esa extensión de los conflictos. Y, sí, bastante disenso en el gobierno sobre el futuro inmediato de una protesta que, contra viento y marea, sigue ratificada por el sector más duro (y también, minoritario) de los camioneros.

"Sí, sí, sí", fue todo lo que dijo Rodríguez Zapatero, cuando un periodista le preguntó si el paro se levantaría pronto.

Su vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, fue menos categórico. "¡Quién sabe!", se limitó a decir, con una prudencia tal vez nutrida en la pertinaz tendencia a desmigarse que, últimamente, tienen sus pronósticos oficiales en materia de comportamiento económico.

Ayer, por caso, otra vez fue la inflación: el índice de mayo se disparó siete décimas, lo que hace que la tasa anual amenace ya el temido "techo" del 5 por ciento y se aleje, por completo, del optimista cálculo inicial del 3 por ciento.

La mala noticia no la dio Solbes sino su acongojado secretario, David Vergara. "Las cosas no variarán mucho más, salvo que el petróleo vuelva a subir", tuvo que admitir el funcionario.

El dato pasó al costado de la contundencia con que la policía salió ayer a poner orden en las rutas.

Avispadas, las cámaras de televisión no perdieron detalle, ni siquiera cuando los efectivos rompieron los vidrios para, por la fuerza, poner en marcha los camiones que, en un vano intento de resistencia, habían sido abandonados por sus dueños con las puertas de la cabina trabadas.

Custodia policial

Y para que no quedaran dudas de la decisión política del gobierno, ni de su disposición a la hora del servicio, el ministro del Interior completó la oferta: "Si alguien quiere mover un camión y tiene dificultades, que no dude en llamarnos, que le brindaremos custodia", dijo, casi como en un anuncio de televisión.

Afirmó que, en lo que va de la huelga, ya se hicieron más de 9000 servicios de custodia para transportistas temerosos de lo que pudieran hacerles sus compañeros del piquete.

Pero eso no bastó para todos. Al cierre de esta edición permanecía muy grave un camionero cuyo vehículo fue incendiado de forma intencional por piqueteros.

Ocurrió en la localidad valenciana de San Isidro, cuando el transportista, que no hacía huelga, dormía una siestita antes de volver a trabajar. "Por poco lo queman vivo", dijeron sus compañeros.

Casualidad, puro azar o simplemente coincidencia, la ofensiva del gobierno contra la toma de rutas se desató poco antes de que Zapatero tuviera que comparecer en el Congreso para su informe habitual.

Para la cita, la principal fuerza de la oposición, que encarna el derechista Partido Popular (PP), había cargado sus cañones. "Usted niega la crisis, usted minimiza sus efectos, usted les echa la culpa a otros y no hace nada. Usted tiene que gobernar y mi obligación es preguntarle si va a hacer algo", disparó su líder, Mariano Rajoy, que, por tercera semana consecutiva, intenta que Zapatero admita que la "crisis económica" existe.

Pero ayer tampoco fue el día. Y lo único que cosechó Rajoy fue que Zapatero reconociera una "desaceleración fuerte" y que, de paso, pusiera fecha (para dentro de 15 días) a una reunión entre sindicatos y empresarios para abordar ese fenómeno.

El panorama sigue siendo confuso. El gobierno asegura que hay un "principio de acuerdo" con la mayoría de los transportistas. Pero los rebeldes no se dieron por enterados y ratificaron la huelga.

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