La Argentina, contra el remate de objetos nazis

Un juez pidió bloquear una página web
Un juez pidió bloquear una página web
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26 de agosto de 2001  

El remate de literatura y objetos del régimen nazi fue motivo para que el juez federal de San Martín Alfredo Bustos pidiera en octubre último el bloqueo, para los argentinos, del acceso al sitio de subastas del portal Yahoo!, uno de los principales de la Red.

A raíz de ese caso aislado, que fue archivado un mes más tarde, nuestro país figura en la lista de "enemigos de Internet" realizada por Reporteros Sin Fronteras (RSF). Todo comenzó cuando Jorge Kirovsky, que había bautizado su veterinaria con el nombre Yahoo en 1990, se propuso recuperar los derechos de explotación de esa marca. Al no conseguir ganar el juicio, el comerciante pidió, en apelación y como contraofensiva, la condena de Yahoo!, alegando la venta de objetos nazis en ese sitio.

Bustos analizó el contenido de los remates y consideró que podía representar un delito. Pero tres jueces decidieron que esas ventas no violaban la ley antidiscriminación y que, cuando se trata de analizar acciones relacionadas con la libertad de expresión, se debe actuar con cuidado para no caer en los mismos defectos que la norma pretende evitar.

En noviembre de ese año, el juez francés Jean-Jacques Gómez, dictaminó que Yahoo! tenía que imposibilitar a los navegantes franceses conectarse con las subastas de esos objetos ilegales. Yahoo! terminó renunciando, a principios de este año, a subastar ese tipo de objetos.

Más allá de este incidente, RSF señala en su informe que en la Argentina se registraron 2,5 millones de internautas en 2000 -más del doble que en 1999- y que hay cerca de 200 servidores de acceso a Internet.

Esta organización pronostica además que la desregulación de las telecomunicaciones, emprendida en noviembre último, "acelerará aún más este desarrollo", ya que los grandes operadores se comprometieron "a mejorar los servicios y bajar las tarifas".

El "cibercrimen" en la India

  • La India es uno de los trece países que tienen leyes que contemplan el "cibercrimen", según Reporteros Sin Fronteras. Aprobada en mayo de 2000, esta norma prohíbe el "acceso sin autorización a la información electrónica". Además, permite a la policía inspeccionar los hogares u oficinas de los internautas, sin orden de allanamiento, y cerrar cibercafés. La piratería es castigada con altas multas y sentencias de hasta tres años de prisión, y cualquiera que acceda a un sitio que caiga bajo el vago concepto de "antiindio" -que abarca desde lo subversivo hasta lo pornográfico- se arriesga a pasar cinco años en la cárcel.
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