La Casa Blanca, con pocas opciones si no hay acuerdo

Virginie Montet
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15 de octubre de 2013  

WASHINGTON.- El gobierno de Barack Obama tendrá pocas y complejas opciones si antes de pasado mañana el Congreso no cierra un acuerdo que permita subir el límite legal de endeudamiento y evitar un default.

Pasado mañana, el Tesoro ya no estará autorizado a emitir deuda y apenas tendrá 30.000 millones de dólares disponibles para eventuales pagos, según dijo su secretario, Jack Lew.

Pero no será ese día la fecha en que, de ocurrir el peor de los escenarios, Estados Unidos entraría en default por primera vez en su historia y el gobierno federal dejaría de pagar, por ejemplo, sus haberes a los jubilados, los intereses sobre su deuda o los salarios a los soldados.

"Es imposible prever con precisión" una fecha exacta, insiste Lew. Depende de gastos variables y de los ingresos que puedan generar los impuestos cotidianamente.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) vaticina como fechas posibles para un default la brecha entre el 22 y el 31 de octubre.

El grupo de análisis Bipartisan Policy Center, que sigue de cerca las cuentas del país, estimó por su parte que el día crucial, bautizado "Fecha X", será entre el 18 de octubre y el 5 de noviembre.

Los primeros pagos que se presentarán luego del 17 corresponden a prestaciones sociales: pensiones de jubilados por 12.000 millones de dólares el 23 de octubre; pagos al sistema de seguro de salud para los mayores (Medicare) por 18.000 millones de dólares el 1° de noviembre; salarios y pensiones de militares ese mismo día por 12.000 millones de dólares, según el centro de análisis.

En lo que respecta a la deuda externa, están previstos dos importantes tramos de refinanciación de la deuda federal el 24 y el 31 de octubre, por 57.000 millones y 115.000 millones de dólares, respectivamente.

Si bien la operación no representa un nuevo gasto para el Departamento del Tesoro, pues se trata de pagar a los acreedores con bonos, existen algunos riesgos.

"La operación podría complicarse", según el centro de estudios Bipartisan Policy Center.

"El Tesoro deberá pagar más en intereses para atraer nuevos inversores. Incluso es posible, aunque poco probable, que se presenten pocos inversores, forzando al Tesoro a encontrar el dinero en efectivo" para refinanciar, añadió.

Uno de los plazos más delicados es el de un pago de intereses sobre la deuda de 6000 millones de dólares el 31 de octubre. El Tesoro dispondrá de dos opciones para minimizar los daños: pagar atendiendo una orden arbitraria de prioridad o pagar sobre la base de "primero que llega, primero que recibe", día a día, las facturas a medida que se presentan, con retraso en función de los ingresos en efectivo de su caja.

En ambos escenarios, es muy posible que se dé prioridad al pago de los intereses de la deuda.

Un sistema informático independiente permite de hecho separar estos pagos, a diferencia de lo que ocurre con las prestaciones sociales. El gobierno quiere evitar a toda costa la onda de choque "potencialmente catastrófica" de un default sobre los mercados financieros, señaló Lew.

Pero favorecer la cancelación de la deuda por encima de los pagos a los veteranos combatientes será también políticamente muy costoso. "La realidad será caótica: con opciones injustas, el Tesoro seleccionará a los ganadores y los perdedores", provocando la "cólera de la opinión pública", advierte el centro de estudios.

La otra opción, que ya fue considerada en una crisis similar en el verano boreal de 2011 como "la menos mala de las soluciones", sería que el Tesoro pagara luego de recibir impuestos suficientes para pagar los vencimientos, lo cual implicaría retrasos.

El proceso generaría una cascada de retrasos y una dolorosa incertidumbre para los norteamericanos que esperan sus pensiones, sus salarios, sus prestaciones de salud. A eso hay que sumar que desde hace dos semanas ya cientos de miles de empleados públicos se encuentran de licencia forzada sin goce de sueldo por el cierre parcial de servicios federales, causado por la falta de un acuerdo presupuestario en el Congreso. El año fiscal 2013-2014 comenzó el 1° de octubre sin presupuesto, contrariamente a lo que pide la ley.

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