La decisión que amenaza con exponer la división republicana
LA NACION
WASHINGTON.- El plan anunciado por Trump para retirarles dentro de seis meses la protección contra la deportación de la que gozan los inmigrantes jóvenes que fueron ingresados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños es denunciado por algunos republicanos como el principio de una "guerra civil" dentro de su partido.
Hay otros republicanos que apoyan la medida, pero la divergencia de opiniones sirve como ejemplo de las posibles batallas que lo esperan a Trump si decide avanzar con su plan, que implica arrojarles la papa caliente a los legisladores republicanos en el Congreso, que tienen una larga historia de mirar para otro lado y dejarla caer.
La decisión de Trump llegó después de largas e inusualmente públicas deliberaciones. A pesar de haber hecho compaña como un partidario de la línea dura con los inmigrantes, Trump ha manifestado su solidaridad con la difícil situación de los inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños y que en algunos casos ni tienen recuerdos del país donde nacieron.
Pero ese abordaje del problema -que esencialmente implica patearle la pelota al Congreso y desentenderse del problema- no brinda ninguna certeza y está minado de riesgos políticos que, según un republicano que se opone a la medida, equivale a un "suicidio republicano".
Sin embargo, hay otros republicanos que dicen estar dispuestos a tratar un tema que viene de arrastre desde hace décadas y que ha terminado con la carrera de más de uno.
Muchos legisladores republicanos de la Cámara baja representan a distritos sumamente conservadores, y si el presidente insiste con el plazo límite de seis meses, que se cumpliría en marzo, es probable que las presiones se intensifiquen, a medida que se aceleren los tiempos de las primarias para las elecciones de medio término de 2018.
John McCain, senador por Arizona, dijo que el abordaje de Trump era equivocado, y agregó: "El gobierno tiene la responsabilidad de defender y asegurar nuestras fronteras, pero debemos hacerlo en consonancia con todo lo que nos hace decentes y excepcionales como país".
El anuncio de Trump se produjo el mismo día en que vencía el ultimátum de un grupo de funcionarios republicanos, que había amenazado con denunciar el DACA ante la justicia a menos que el gobierno cancelara el programa. Aseguran que el DACA no resistiría el análisis de los tribunales y que si el caso se judicializa, se generaría un caos mucho peor que la cancelación que ellos proponen.
Muchos de los asesores del jefe de la Casa Blanca asesores argumentan que el programa es inconstitucional y urgieron a Trump a cumplir con su promesa de campaña de darlo por terminado.
El presidente de la Cámara baja, Paul Ryan, dijo tener la esperanza de que "la Cámara y el Senado, con el liderazgo del presidente, sean capaces de consensuar una solución legislativa permanente que incluya a quienes no hayan hecho nada malo puedan seguir contribuyendo a la grandeza de esta nación".
"El que escribe las leyes es el Congreso, no el presidente, y la cancelación del DACA implica el cumplimiento de la promesa de Trump de restablecer la adecuada separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero ahora hay más cosas que hacer, y el presidente le ha hecho un llamado a la acción al Congreso", dijo Ryan.
Pero el Congreso ha intentado repetidamente, y sin éxito, acordar una reforma inmigratoria, y no hay certezas de que ahora la Cámara baja logre aprobar una ley sobre un tema que divide tanto las aguas.
Tampoco queda claro si Trump estaría dispuesto a apoyar un proyecto legislativo existente. Tal vez alentaría la redacción de un nuevo proyecto condicionando su apoyo a los fondos que pidió para su muro fronterizo u otras concesiones, como una reducción de los niveles de inmigración legal.
Menos todavía cuánto capital político está dispuesto a arriesgar dada la fuerte postura antiinmigratoria de su base electoral y su retórica de campaña calificando al DACA de "amnistía ilegal", y su reticencia a impulsar con fuerza otras prioridades, como una reforma del sistema de salud.
