La declaración de una exministra de Trudeau complica cada vez más al gobierno canadiense

MONTREAL.- A ocho meses de las elecciones en Canadá , el mandatario Justin Trudeau afronta uno de sus mayores escándalos políticos. La renuncia de la exministra de justicia Jody Wilson-Raybould, a mediados de febrero, convulsionó al Gobierno. Sin embargo, la situación alcanzó ayer su punto máximo de tensión con la declaración de Wilson-Raybould, quien acusó al círculo íntimo del primer ministro y otros funcionarios de intento de interferencia política en un proceso penal.

Jody Wilson-Raybould testificó ayer ante el comité de Justicia del Parlamento, que está investigando la presunta intromisión de altos funcionarios del gobierno en el juicio por fraude del gigante de la ingeniería SNC-Lavalin, un caso que desató una tormenta política a solo ocho meses de las elecciones.

Por su parte, según destacó The Guardian el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, rechazó los pedidos de renuncia y aclaró que él y su personal siempre actuaron adecuadamente y que los canadienses expresarán su opinión sobre el asunto en las elecciones federales de octubre.

Trudeau negó categóricamente cualquier participación directa y dijo que le había dejado claro a Wilson-Raybould que cualquier decisión sobre el caso "como la fiscal general era solo suya", algo que ella confirmó en su testimonio.

"Entre septiembre y diciembre de 2018, experimenté un esfuerzo constante y sostenido por parte de muchas personas dentro del gobierno para tratar de interferir políticamente en el ejercicio de la discreción fiscal, en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de procesamiento diferido con SNC-Lavalin", declaró Wilson-Raybould.

También señaló que se enfrentó a "amenazas veladas" y sugerencias por parte del secretario del Consejo Privado de Canadá quien le enfatizó que "se debía evitar un conflicto con el primer ministro en esos asuntos".

En las últimas semanas, el gobierno de Trudeau se ha visto sacudido por las acusaciones de que se ejerció una presión indebida sobre la exfiscal general por un acuerdo extrajudicial con SNC-Lavalin. La firma con sede en Montreal fue acusada en 2015 de corrupción por presuntos sobornos a funcionarios en Libia entre 2001 y 2011 para asegurar contratos gubernamentales mientras estaba en el poder Muamar al Gadafi.

La compañía, su brazo internacional y otra subsidiaria están acusadas de ofrecer 47 millones de dólares canadienses (36 millones de dólares) en sobornos a funcionarios y de defraudar al gobierno libio por 130 millones de dólares canadienses (98 millones de dólares estadounidenses).

En tanto, la firma argumentó que los responsables de las presuntas irregularidades se fueron hace mucho tiempo, y que responsabilizarla por sus acciones criminales perjudicaría gravemente su negocio.

The Guardian y Agencia AFP