La fiscal general avanza en su pulseada contra los jueces chavistas

CARACAS.- Ni las amenazas ni los insultos impiden que la fiscal "rebelde" mantenga e, incluso, redoble su pulseada con el gobierno de Nicolás Maduro. Luisa Ortega interpuso ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una petición de antejuicio de mérito contra ocho de sus magistrados, pertenecientes a la Sala Constitucional.

En caso de avanzar, la iniciativa podría terminar con los jueces del chavismo tras las rejas.

"Los magistrados podrían estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana de la nación... Corren peligro la nación, el Estado de Derecho y la paz. Ésta sería la muerte del derecho, si permitimos que los magistrados se mantengan en la sala", recitó de nuevo la jefa del Ministerio Público ante la sede de uno de los principales bastiones de Maduro. En el trasfondo de la denuncia está la "ruptura del hilo constitucional" de fines de marzo, cuando el TSJ pretendió usurpar los poderes del Parlamento para repartírselos con la presidencia del país.

La jugada legal de la fiscal es tan clara como atrevida, al realizar el paso previo para enjuiciar penalmente a los magistrados chavistas: la sala plena del TSJ, sin los ocho señalados, debe decidir si los juzga o no. Sobre sus espaldas no sólo pesan sus nombramientos ilegales e inconstitucionales, sino también la redacción de medio centenar de sentencias cuyo objetivo fue asfixiar al Parlamento y a la oposición.

"Esta legitimidad de origen de los magistrados es, sin duda, una de las causas por las que se produjeron grotescas decisiones que atentan contra el orden constitucional", precisó la jefa del Ministerio Público. En los documentos conocidos ayer se demuestra que Ortega jamás dio su visto bueno a los nombramientos exprés de los magistrados, hechos en la Navidad de 2015 para blindar a Maduro tras su estrepitosa derrota en las elecciones parlamentarias de diciembre.

"La petición de Ortega coincide con la solicitud de la Asamblea para calificar como falta grave de estos magistrados", aclaró el jurista José Hernández. El Parlamento inició ayer el procedimiento para elegir a los jueces que sustituirían a los señalados por la fiscal (13 titulares y 20 suplentes). El primer paso fue la juramentación del comité de postulaciones, integrado por cinco diputados y seis miembros de la sociedad civil, seleccionados la semana pasada después de cumplir el proceso que establece la ley.

Los diputados opositores aplaudieron ayer las iniciativas de la fiscalía, que también contó anteayer con el espaldarazo de quien fue comandante general de las fuerzas armadas en 2013, con Maduro en el poder. El mayor general Alexis López Ramírez abandonó la secretaría del Consejo de Defensa de la Nación y del Consejo de Estado para mostrar su desacuerdo con el proceso constituyente del madurismo.

El impacto de esta renuncia obligó ayer a Maduro a encabezar un acto militar ante alféreces y guardiamarinas recién graduados. Respaldado por el general Vladimir López Padrino, ministro de Defensa y hombre fuerte del gobierno, el mandatario arremetió contra la fiscal sin mencionarla: "Todas las épocas históricas terminaron con una traición al pueblo". El gobierno, acostumbrado hasta ahora a llevar la iniciativa política, se vio obligado a moverse a la contra. Su primera reacción tuvo al TSJ como receptor de la solicitud del defensor del pueblo para hacerse con parte de las facultades de la fiscalía. Al frente de este organismo está Tarek William Saab, viejo militante del PSUV.

La segunda iniciativa también buscó la sombra del TSJ. Pedro Carreño, uno de los voceros parlamentarios del oficialismo y mano derecha del radical Diosdado Cabello, instó al alto tribunal a que conforme una junta médica que ratifique la supuesta insania mental de la "fiscal traidora".