La justicia da el primer paso para investigar a Rajoy

Tras las revelaciones de Bárcenas, analiza si el presidente y otros miembros de la cúpula del PP cometieron fraude fiscal
Martín Rodríguez Yebra
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20 de julio de 2013  

MADRID.- La justicia dio ayer el primer paso para investigar si el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y otros altos cargos del Partido Popular (PP) cometieron fraude fiscal o cohecho, a partir de los documentos que reveló el ex tesorero Luis Bárcenas.

Con cautela, el juez Pablo Ruz emitió una resolución en la que pide a peritos de la Agencia Tributaria que analicen si los dirigentes mencionados en los papeles de Bárcenas como beneficiarios de sobresueldos pueden ser acusados de delitos impositivos por no haber declarado esos ingresos.

Además, le encargó un informe a la Intervención General del Estado -el órgano de control de la gestión financiera- para que analice los aportes empresariales anotados en la contabilidad negra del PP y cruce datos con listados de contratos públicos. Busca determinar si las donaciones fueron, en realidad, coimas.

Ruz optó por dejar en manos de técnicos del Estado la decisión de cómo avanzar sobre figuras de tanto relieve como el propio presidente del gobierno y ex ministros como Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes y Javier Arenas, entre otros dirigentes a los que el ex tesorero señaló como periódicos receptores de sobres con dinero negro.

Bárcenas, que está preso desde el 27 de junio por evasión y lavado de dinero, confesó el lunes ante el juez un sistema de financiación ilegal en el PP que funcionó durante los 20 años en que él administró las cuentas del partido.

En otra resolución de ayer, Ruz pidió a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre si procede citar a Rajoy como testigo para que diga si cobró o no sobresueldos (públicamente juró que no), tal como pidieron dos de las querellas.

En ámbitos judiciales ven poco probable que pueda avanzar una investigación por delitos fiscales, cuya pena tiene una cuantía menor cuando se trata del manejo de fondos relativamente bajos. Bárcenas registró supuestos sobresueldos de alrededor de 25.000 euros al año para cada miembro de la directiva del PP.

Más delicado podría ser para Rajoy si se cristalizara la sospecha de que los aportes empresariales facilitaron la firma de contratos con el Estado.

De todos modos, para el presidente, el drama es más político que judicial. Bárcenas lo expuso ante la opinión pública (nacional e internacional) y desató una grave crisis de gobierno.

La oposición le exigió la renuncia y amenaza con promover una moción de censura si se niega a dar explicaciones ante el Congreso sobre la financiación del PP.

La Moncloa analiza la posibilidad de rendirse a aceptar una comparecencia voluntaria, para evitar el desgaste que implicaría enfrentar la moción de censura, por más que el PP tiene mayoría absoluta para impedir la remoción de Rajoy.

"Como presidente del gobierno rinde cuentas a los ciudadanos de la manera y en el momento que considere oportuno", dijo ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Tuvo que desmentir otra vez la renuncia de Rajoy y negar que ella esté pensando en reemplazarlo: "El presidente del gobierno va a cumplir su mandato y, como no hay necesidad de sustitución, aquí no hablamos de sustitutos".

Pero el debate está planteado. De hecho, ayer se conocieron informes de grandes bancos internacionales, como Deutsche Bank, HSBC, Nomura y JP Morgan, en los que se describe la fragilidad del gobierno y la posibilidad de un recambio.

A Rajoy lo obsesiona transmitir "estabilidad" a los mercados en un momento decisivo para la recuperación económica de España después de cinco años de recesión. Anoche encabezó una reunión con representantes de países europeos en la que, pese a no hablar de su situación, afirmó: "Son las elecciones las que legitiman a los gobiernos".

La medida de Ruz podría ahondar la incertidumbre si los peritos determinaran que hay posibles delitos para investigar. O ayudaría a aplacarla rápido si la respuesta resultara negativa.

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