La ley que protege a las armas, a prueba

Andrew Longstreth
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25 de agosto de 2012  

NUEVA YORK.- Los recientes tiroteos en Nueva York, Wisconsin y Colorado dieron nuevo impulso a los reclamos de un mayor control sobre las armas en Estados Unidos, pero hay un elemento que suele estar ausente en el debate: ¿cuál es la responsabilidad de los fabricantes y vendedores de armas?

La ley de 2005 que protege a la industria armamentística de ciertas demandas fue cuestionada en un caso en Alaska, precedente que podrían aprovechar los activistas que favorecen los controles para presentar su queja contra esa ley frente a la Corte Suprema norteamericana.

El 2 de agosto de 2006, Jason Coday, un marginal con un largo historial delictivo, salió de una armería de la ciudad de Juneau con un rifle Ruger calibre 22. Dos días más tarde, usó el arma para asesinar a Simone Kim, un pintor de 26 años que trabajaba en el frente exterior de un supermercado. Coday fue condenado por homicidio en primer grado y sentenciado a 101 años de prisión.

En 2008, la familia de Kim demandó al propietario de la armería, Ray Coxe, al alegar que le permitió a Coday comprar el arma sabiendo que era un "fugitivo de la justicia" y "consumidor de drogas", sin antes verificar sus antecedentes.

Un juez del estado de Alaska rechazó la demanda en 2010. Citó la ley federal de protección del comercio de armas legales, que prohíbe a los civiles demandar a los fabricantes e intermediarios de armas por el "mal uso que otro pueda hacer de esos productos".

La familia de Kim apeló ante la Corte Suprema de Alaska, al argumentar que esa ley era violatoria de la décima enmienda de la Constitución norteamericana, que dice que los poderes no delegados al gobierno federal quedan reservados a los estados o al pueblo. Sea cual sea la decisión de la Corte del estado, seguramente será apelada ante la Corte Suprema.

Mercados ilegales

La ley, que fue promulgada por el presidente George W. Bush, llegó como respuesta a una ola de demandas contra los fabricantes y vendedores. Una de ellas era de la ciudad de Nueva York, que en 2000 alegó que los fabricantes y comerciantes de armas generaban un perjuicio público al permitir que sus armas terminaran en mercados ilegales.

Quienes estaban a favor de la ley, incluida la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA), consideraron que la lluvia de demandas era parte de la estrategia de los grupos activistas liberales para llevar a la quiebra a la industria de armas y despojar a los ciudadanos honestos de su derecho a portar armas.

"El costo de estas demandas amenaza con llevar a la industria a un punto crítico y, mientras tanto, se pierden miles de empleos bien remunerados y se pone en riesgo el derecho constitucional de los estadounidenses a acceder a las armas para defensa personal y otros usos legales", dijo en aquel momento el senador republicano Larry Craig, de Idaho.

La ley no eliminó por completo la responsabilidad civil de la industria armamentística. Dejó espacio, por ejemplo, para demandas contra los intermediarios o fabricantes de armas que violen deliberadamente las leyes que regulan la tenencia de armas, como la ley Brady, que exige que los comerciantes de armas tengan una licencia y deban chequear los antecedentes de los compradores.

Pero la ley seguramente desalentará las demandas que surjan de los tiroteos en el cine de Colorado, el 20 de julio, o el del templo sikh en Wisconsin, el 5 de agosto. En ambos casos, las armas habían sido adquiridas legalmente.

El Centro Brady para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, el mayor grupo de defensa del control de armas de Estados Unidos, aprovechó ciertas excepciones previstas en la ley para presentar demandas. El año pasado, llegó a un acuerdo legal de 600.000 dólares con la fabricante Kahr Arms en un caso de muerte por arma de fuego.

Pero por lo menos tres de las demandas presentadas por el Centro Brady a la justicia fueron rechazadas debido a la ley, incluida la presentada por la familia del pintor Simone Kim.

Traducción de Jaime Arrambide

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