La oposición chilena eleva sus reclamos y presiona a Piñera

SANTIAGO, Chile.- Con el gobierno de Sebastián Piñera intentando acelerar el plan social que presentó para aplacar el estallido ciudadano, y en medio de nuevas protestas en todo el territorio, la oposición respondió ayer con una contrapropuesta cuyo eje principal es el llamado a plebiscito para votar una nueva Constitución.

Los presidentes del Partido por la Democracia, el Partido Socialista y el Partido Radical -los partidos de centroizquierda aglutinados en la Convergencia Progresista- se reunieron en el antiguo Congreso y presentaron un plan de siete puntos, luego de calificar de "insuficientes" las medidas del gobierno.

"Las propuestas que estamos formulando son para una solución inmediata, que en alguna medida contribuya a mejorar la vida de los chilenos", dijo Álvaro Elizalde, el presidente de los socialistas.

Entre las medidas que presentaron se destacan el aumento en un 50% de la pensión básica solidaria, la mejora en las pensiones para la clase media, la suba del salario mínimo a 350.000 pesos chilenos (más de 470 dólares), la reducción de la dieta parlamentaria, el transporte público gratuito para adultos mayores y el regreso del voto obligatorio para todos los ciudadanos.

"El gobierno planteó una agenda social, no se ha abierto todavía a cambios políticos. El tema es que la agenda que ha planteado el gobierno es insuficiente, es timorata, es mezquina, uno no sabe si no han podido leer y entender lo que pide la ciudadanía y la profundidad del malestar ciudadano o están tratando de ganar tiempo", dijo el líder radical, Carlos Maldonado.

En sintonía con una de las mayores demandas que proliferaron en las manifestaciones y protestas, los líderes opositores realzaron además la necesidad de convocar a un plebiscito ciudadano en el que se diseñe una nueva Constitución.

"Los cambios sociales que Chile necesita deben sustentarse en una nueva Constitución. La actual tiene cerrojos que no permiten reconocer los derechos de los consumidores, el derecho a la vivienda, el agua como un derecho humano, y establece como doctrina un Estado subsidiario que no permite orientar las prioridades del desarrollo", dijo a LA NACION Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia.

"Por eso, la gente tiene que poder decidir mediante plebiscito si quiere o no una nueva Constitución. Un nuevo pacto social, con pensiones dignas, justicia tributaria, con control de precios de los medicamentos, etc. Debe ir de la mano con una nueva Carta Fundamental", agregó el también exministro del gobierno de Michelle Bachelet.

Mayorías

Para Maldonado, el presidente de los radicales, la aprobación de las propuestas en el Parlamento "no debería ser compleja".

"La oposición tiene mayoría en ambas cámaras, y hay también algunas fuerzas políticas del oficialismo que han manifestado sensibilidad frente a las demandas sociales y disposición a abordar cambios reales. El obstáculo, hasta ahora, es el gobierno, que tiene constitucionalmente la iniciativa para legislar en muchas de estas materias y que aún no ha dado muestras de haber comprendido ni dimensionado cabalmente la extensión y profundidad del malestar ciudadano", dijo Maldonado a LA NACION.

El tema tributario también se posicionó en el debate y los dardos de la oposición apuntaron a la reintegración tributaria, eje central de la reforma impulsada por el mandatario con el fin de "incentivar el crecimiento y la inversión".

Según el proyecto, los empresarios deben tributar solo por las rentas que retiren de sus empresas y con el 100% de esos pagos podrán saldar sus impuestos personales. Con ese mecanismo se evita la doble tributación del capital.

"La reintegración de tributos propuesta por el gobierno simplemente no puede ser aprobada, porque les baja los impuestos a los más ricos", sentenció el socialista Elizalde.