La oposición más radical se refuerza y presiona al gobierno de Evo Morales

La represión contra manifestantes en La Paz
La represión contra manifestantes en La Paz Fuente: AFP
Ayer venció un ultimátum lanzado por el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, que exige la renuncia del presidente; el gobierno denunció ante la OEA un intento de golpe de Estado
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5 de noviembre de 2019  

LA PAZ.- Las consecuencias de los comicios en Bolivia todavía se sienten en la política local y siguen en aumento, a tal punto que algunos sectores radicales empezaron a tomar las riendas de las manifestaciones y conformaron nuevas exigencias que pretenden concretar.

Anoche, una multitud se sumó a la convocatoria de los comités cívicos de todo el país y los accesos a las ciudades se mantuvieron bloqueados. En Santa Cruz de la Sierra, epicentro de lo protesta, los grupos llamaron a la gente a ubicarse a los pies del Cristo Redentor con el objetivo de que Evo Morales renuncie a la presidencia.

Las protestas comenzaron pasadas las elecciones del 20 de octubre, que dieron como ganador a Morales en primera vuelta, resultado que fue desconocido por los opositores liderados por el candidato Carlos Mesa, que se ubicó segundo en los comicios, y un movimiento cívico-ciudadano.

La oposición defiende que el oficialismo hizo fraude para alcanzar un cuarto mandato y desde hace tres semanas no cesan las manifestaciones. Pero la muerte de dos opositores parece haber alentado un cambio de rumbo en las intenciones de la oposición.

Después de que el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llamó a las fuerzas militares a colocarse "al lado del pueblo" y le dio a Morales 48 horas para renunciar, quedó claro que la oposición más radical se hizo cargo de avanzar contra el oficialismo.

"Morales tiene 48 horas para renunciar, porque el lunes a las siete de la noche vamos a tomar determinaciones y garantizar que él se vaya", dijo Camacho el sábado.

En tanto, desde el gobierno afirmaron que el llamado de Camacho "coincide con información de inteligencia que señala que hoy por la noche se estaría preparando una acción violenta y confrontacional hacia la Plaza Murillo", donde está la Casa de Gobierno en La Paz. Morales sostuvo que la oposición "está buscando muertos que vengan de la policía y las Fuerzas Armadas".

En este escenario, al gobierno se le abrieron dos frentes políticos opositores: por un lado, el expresidente Carlos Mesa, dirigente del grupo centrista Comunidad Ciudadana (CC), que pidió nuevas elecciones con un nuevo tribunal electoral y llamó a sus seguidores a mantener las movilizaciones; por otro, está el frente más radical bajo el liderazgo del empresario Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que se pronunció contra Morales. "No estamos derrocando a un gobierno, estamos liberando a una nación", argumentó Camacho el sábado ante una gran concentración en Santa Cruz.

Los grupos más radicales se organizaron en asambleas y concentraciones de los comités cívicos que alentaron exigencias, como la renuncia de Morales, el rechazo a la auditoría de la OEA, el llamado a nuevas elecciones y la idea de mantener la independencia política bajo el lema "Ni Evo ni Mesa".

Las protestas de la oposición comenzaron en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí, pero se extendieron a ciudades más pequeñas con cortes en las calles.

Esta es la mayor protesta que enfrenta Morales en sus casi 14 años de mandato. El mandatario llegó a los comicios en medio de escándalos de corrupción y con el objetivo de conseguir la reelección, hasta el punto de hacer caso omiso al referéndum que rechazó la reforma constitucional que avalaba esa intención.

Después de las elecciones del 20 de octubre, Bolivia quedó polarizada. En los comicios, Morales ganó la reelección, con el 47,08% de los votos, frente a Mesa, con 36,51%, según el recuento del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pero ante un conteo que se paralizó durante 20 horas se encendieron las alarmas y la oposición salió a las calles. El gobierno aceptó una auditoría electoral de la OEA, pero la oposición boliviana la rechaza porque cree que se trata de "una maniobra distraccionista para mantener a Morales en el poder".

Ayer Morales se reunió con líderes de sindicatos que apoyan su gestión después de convocar el sábado una reunión de urgencia con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que agrupa a obreros, campesinos, indígenas y cocaleros. Tras el encuentro, acusó a la oposición de gestar un golpe de Estado. "Vamos a resistir y estoy seguro de que el pueblo está organizado", dijo el mandatario.

Por eso, el ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, Diego Pary, denunció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un intento de golpe de Estado, que ha atribuido a grupos cívicos radicales y ha advertido que está en riesgo la democracia en el país andino.

"Acudimos a este foro para denunciar y alertar sobre los riesgos que corre la democracia boliviana, no hay argumento alguno que justifique un acto sedicioso", dijo Pary, que presentó videos en que los cívicos llaman a la confrontación y el derrocamiento de Morales.

Agencias AP, DPA y ANSA

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