La tragedia del secuestro

Por Rodrigo Holguín Para LA NACION
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7 de mayo de 2003  

Anteayer fueron asesinados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria; el consejero de paz, Gilberto Echeverri, y ocho valientes soldados colombianos que llevaban más de un año secuestrados.

Una vez más, las acciones de las FARC me llevan a dirigirme a la opinión pública argentina para mostrarle la dimensión del drama colombiano, las acciones que adelanta el gobierno de Alvaro Uribe para contrarrestar el terrorismo, respetando los principios del Derecho Internacional Humanitario, y la urgente necesidad de apoyo por parte de todos los países de la región en la lucha colombiana contra el terror.

Cerca de 3000 personas son secuestradas cada año en Colombia; la mayoría de ellas son civiles. Las FARC reciben anualmente más de 100 millones de dólares por concepto de rescates. Este grupo guerrillero, violando todas las normas del Derecho Internacional Humanitario, ha convertido el secuestro y la toma de rehenes en un medio de presión a la sociedad colombiana para obtener pagos económicos u obligar a concesiones por parte de la sociedad.

La fuerza pública colombiana adelantó en una apartada región selvática una operación donde se encontraban los funcionarios y soldados asesinados. En un acto de atroz cobardía, sin que mediaran combates, a sangre fría, las FARC asesinaron a los secuestrados. Ya lo habían hecho antes con la ex ministra Consuelo Araujo Noguera y lo hacen cada año con el 5% de sus rehenes.

A pesar de la gravedad de este hecho, el gobierno ha decidido seguir con las puertas abiertas para alcanzar un acuerdo humanitario, dentro de los parámetros anunciados el mismo día del crimen, unas horas antes.

El acuerdo humanitario

El gobierno de Alvaro Uribe ha manifestado su voluntad de realizar un acuerdo humanitario que cumpla claras condiciones. El acuerdo no puede ser una imposición aberrante a la sociedad colombiana. Las FARC no pueden pretender ganar posiciones militares y políticas haciendo chantaje con la vida de civiles secuestrados. El presidente Uribe ha manifestado que para el acuerdo humanitario debe haber garantías para los encuentros, sin despejar militarmente ninguna zona del territorio nacional. El acuerdo debe producir la libertad de todas las personas secuestradas. Los guerrilleros liberados deben ser acogidos por un país amigo y no reintegrarse a la acción armada ni seguir delinquiendo. El proceso de negociación debe contar con apoyo y mediación internacional.

La política de desmovilización de miembros de grupos ilegalmente armados es otra puerta que el gobierno ha franqueado a la paz. Desde que llegó al poder, el presidente ha invitado a la desmovilización. En respuesta, 1400 combatientes de distintos grupos han depuesto sus armas. La generosidad con la que el gobierno acoge a los desmovilizados se convierte en un verdadero proceso humanitario que busca facilitar su reincorporación a la vida civil. Reincorporación que es voluntaria y pacífica.

En estas horas aciagas para el país, el pueblo y el gobierno colombianos claman a la comunidad internacional, y especialmente a América latina, una enérgica condena al ajusticiamiento de los políticos y soldados a manos de las FARC y pide a la ONU que, frente a una eventual negociación de paz en Colombia, sirva de testigo para que esos procesos no se utilicen para engañar al gobierno, ni para que el terrorismo se arme más.

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