La trama de corrupción le cambia la cara a la campaña
SAN PABLO.- Los multimillonarios esquemas de corrupción revelados por la Operación Lava Jato hicieron que la población brasileña les dijera basta a las donaciones empresarias para las campañas electorales, que fueron prohibidas por el Supremo Tribunal Federal (STF) el año pasado.
Pero si hasta ahora las empresas financiaban hasta el 90% de una campaña, ¿quién cubrirá los costos de los programas de televisión y los comicios municipales de este año? Cuando faltan nueve meses para las elecciones municipales de octubre, ni los partidos lo saben todavía.
Al anticiparse al fin de los donativos de personas jurídicas, los parlamentarios ya habían aprobado para 2015 un desembolso de 867 millones de reales (unos 213 millones de dólares) para el financiamiento partidario, compuesto por dineros públicos y multas electorales. La cifra triplica la de 2014, y este año se distribuirá un total de 819 millones de reales (201 millones de dólares), pero a pesar de lo abultado de la cifra ni siquiera se aproxima al valor de las últimas campañas: en 2012, por ejemplo, la suma de los gastos de campaña declarados superaba los 4500 millones de reales (más de 1105 millones de dólares).
En la ciudad de San Pablo, donde Fernando Haddad (del oficialista Partido de los Trabajadores) fue elegido en segunda vuelta, un aspirante a prefecto podrá usar hasta 33,9 millones de reales (8,3 millones de dólares) para intentar ser elegido, un valor que además debe ser corregido por inflación hasta el 20 de julio. En caso de que haya segunda vuelta, los candidatos paulistas podrán gastar más de 10,1 millones de reales (2,4 millones de dólares), o sea el 30% de la cifra destinada a la primera vuelta.
Como las chances de ser elegido aumentan en relación con lo gastado en la campaña -en las elecciones de 2010, según un relevamiento del Congreso, 369 de los 513 diputados electos fueron los que más gastaron en sus estados respecto de sus competidores-, es de esperar que todos los candidatos gasten el máximo permitido.
Fundado en 1992, el Partido Popular Socialista de Brasil (PPS) cuenta actualmente con 552.000 afiliados en todo el país, pero apenas un 10% de ellos paga la cuota anual de 12 reales.
"Estamos profundizando en este asunto en cada reunión de la secretaría partidaria. Habrá que movilizar mejor a los militantes. Y en períodos electorales tal vez solicitemos una contribución extra", dijo el secretario de finanzas del PPS, Régis Cavalcante, que añadió que las próximas elecciones serán como un "laboratorio". También señaló que los donativos de personas físicas debe limitarse al 10% de las ganancias declaradas durante el año fiscal anterior.
El Partido Novo, que se presenta como una alternativa liberal y fue creado oficialmente hace cuatro meses, planea una campaña barata con "uso intensivo de las redes sociales", ejemplo de lo que deberá hacer la mayoría de los partidos. Novo tiene apenas unos 6500 afiliados, y les pide 26,25 reales por mes o 315 reales al año, además de financiarse con la venta de butacas en los escenarios y de merchandising del partido.
Luego de la crisis de los donativos, los partidarios del PT también se esfuerzan por volver a sus orígenes. En junio de 2015, el partido de la presidenta Dilma Rousseff lanzó su campaña de recaudación a través de una plataforma online bajo el lema "Sea compañero".
"Tenemos que depender de nosotros mismos. Es muy importante que el partido vuelva a hacer lo que tan bien sabe hacer", dijo el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva durante el lanzamiento. Pero siete meses después del anuncio de la plataforma, el link que debería llevar a ella no funciona.
El desafío para los partidos es de tal envergadura que el presidente del Partido Socialista Brasileño (PSB), Carlos Siqueira, no ve otra forma de financiar la campaña que complementando ese dinero con fondos propios del partido. "La contribución individual siempre estuvo permitida y siempre fue un fracaso. Vamos a tratar de comprometer a los militantes, pero ni el PSB ni ningún otro partido están en condiciones de financiar la campaña sin recursos públicos", dijo Siqueira.
El líder socialista quiere aprovechar el inicio del año legislativo, en febrero, para "articular políticamente con los otros partidos una solución", que, según él, pasa también por el abaratamiento de las campañas. "Hay 1500 candidatos a prefectos y más de 30.000 candidatos a concejales. Sin recursos, no veo la salida. Los propios candidatos están preocupados."
Rodolfo Borges
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