La vía militar genera dudas

Leandro Uría
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23 de diciembre de 2009  

"Miserablemente lo degollaron", dijo anoche el presidente Alvaro Uribe, al confirmarse la muerte del gobernador Luis Francisco Cuéllar.

Con su aspiración a una segunda reelección aún en veremos (debe ser ratificada por la Corte Constitucional), no le hubiese venido nada mal por estos días a Uribe poder exhibir ante los colombianos otro golpe resonante ante las FARC, como la liberación de Ingrid Betancourt y el operativo en el cual se dio muerte a Raúl Reyes, el antiguo número dos de la narcoguerrilla.

Después de todo, ha sido su inflexibilidad con esta organización, a la que buscó vencer siempre por la vía militar en desmedro de una salida negociada del conflicto, lo que le ha deparado niveles de adhesión del orden del 70% de los colombianos y le ha permitido ser reelegido por primera vez en 2006.

Pero lo más cercano que estuvo de eso desde julio de 2008, día en que logró que el calvario de Betancourt y de otros 14 rehenes llegara a su fin sin derramar una gota de sangre en la llamada Operación Jaque, fue la posibilidad de que se liberara al cabo Pablo Moncayo, el rehén que ha debido permanecer por más tiempo en poder de las FARC en lo profundo de la selva: 12 años. En realidad, se trataba de un gesto unilateral planteado por las propias FARC. Luego lo dilataron, según dijeron, por las trabas impuestas por Uribe a la liberación.

Finalmente Moncayo no recuperó su libertad y no hay buenas perspectivas de que esto suceda en el corto plazo, pese a que el propio Uribe ha ordenado el rescate militar de los rehenes tras el resonante secuestro de Cuéllar por parte de la guerrilla, horas antes de que apareciera el cadáver del funcionario. Esta es la opción más resistida por los familiares, que temen que los cautivos sean asesinados por los rebeldes ante una incursión del ejército para liberarlos.

Además, el rescate militar sólo ha funcionado de manera "excepcional", con la Operación Jaque, que contó con el aporte de "mucha tecnología norteamericana y también una colaboración importante de gente de las FARC", según dijo a La Nacion desde Bogotá el analista colombiano León Valencia. Incluso el propio gobierno ha preferido calificar a la Operación Jaque de acción de inteligencia y no de rescate militar, pese a que allí actuaron soldados disfrazados de miembros de organismos humanitarios.

El analista Alfredo Rangel tampoco se mostró optimista respecto de este tipo de acciones. Y declaró ayer que, con el secuestro y muerte del gobernador, "comienzan operativos militares de rescate que podrían entorpecer la liberación" de Moncayo. Para peor, el secuestro y muerte de Cuéllar se producen cuando cada vez están más cerca las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo.

Para entender las enormes implicancias políticas de este hecho, basta mencionar que las FARC no habían logrado secuestrar a un político desde 2002, año en el que Uribe asumió como presidente en Colombia.

Y también que la propia guerrilla, después de la Operación Jaque y la asunción de Alfonso Cano –tras el fallecimiento de su líder histórico Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo)–, había decidido liberar a los políticos que seguían en su poder.

Hasta ahora, las FARC sólo mantenían secuestrados a 24 rehenes de las fuerzas de seguridad (policías y militares, con los que se consideran en guerra) a los que esperan canjear por 500 guerrilleros presos.

Con Cuéllar, otra vez volvieron a inmiscuir a civiles en el conflicto armado (sin contar a los centenares de ciudadanos a los que han secuestrado con fines extorsivos).

"El gobierno da a las FARC por derrotadas y casi acabadas. Lo que hay en realidad es una reactivación enorme de esta guerrilla en los departamentos de Cauca, Nariño, Huila, Colima y Caquetá", dijo Valencia.

"Ahora las FARC son capaces de entrar en una capital de provincia y llevarse a un gobernador, en un hecho nuevo y muy preocupante", añadió.

El trágico secuestro de Cuéllar también ha dejado expuestas algunas grietas en la política de "seguridad democrática" de Uribe, que determinó que el ejército pasara a la ofensiva en el combate de las guerrillas y echó a los rebeldes de las rutas y las ciudades.

Esas grietas, que el gobierno ha desmentido enérgicamente, se producirían, según Valencia, por la creciente movilización de tropas para prevenir un conflicto con Venezuela, por la creación de un frente común para combatir al gobierno de las FARC y la guerrilla guevarista Ejército de Liberación Nacional, y por la vuelta a las andadas de los paramilitares que se creían desmovilizados.

Sea como fuere, el resonante golpe de la guerrilla no parece, en principio, afectar las perspectivas reeleccionistas de Uribe, que cuenta con un amplio respaldo popular. De todos modos, sí demuestra la voluntad de las FARC de incidir todo lo posible en las elecciones y alimenta los temores de que, como lo realizó en el pasado, realice paros armados en los departamentos en los que está más fuerte, para forzar la abstención electoral.

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