Ley de amnistía en Venezuela: qué se aprobó, a quién beneficia y por qué genera críticas
La norma establece quiénes pueden solicitar el perdón legal, qué hechos quedan excluidos y cómo será el trámite ante los tribunales
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LA NACION
CARACAS.– La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una ley de amnistía general que el oficialismo presenta como un paso hacia la reconciliación nacional, pero que ha generado fuertes cuestionamientos de la oposición y de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre su alcance limitado y la exclusión de numerosos casos de persecución política, incluidos militares.
El Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsado a fines de enero por la presidenta interina Delcy Rodríguez, abarca a personas procesadas o condenadas por hechos de naturaleza política ocurridos entre el golpe de Estado de abril de 2002 y episodios electorales de 2025. La norma fue aprobada a menos de dos meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
“Cada uno de los que hemos tenido actuación política estos últimos 25 años nos estamos desprendiendo un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”, afirmó Rodríguez tras promulgar la ley en el palacio presidencial de Miraflores. La funcionaria dijo esperar que la norma “sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política”.
Rodríguez también pidió a comisiones judiciales y a un nuevo órgano creado por la ley que revisen “casos no contemplados en la ley de amnistía” y formulen “las recomendaciones pertinentes para curar heridas”, sin precisar a qué situaciones se refería. “Hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir perdón. Ese es el proceso que se abre con esta Ley de Amnistía”, subrayó.
Un texto recortado
El texto final pasó de 13 a 16 artículos, luego de modificaciones destinadas a destrabar una votación fallida la semana anterior. A diferencia de borradores previos, la versión aprobada no especifica los delitos concretos alcanzados por la amnistía y deja fuera disposiciones que preveían la devolución de bienes, la anulación de inhabilitaciones políticas y el levantamiento de sanciones contra medios de comunicación.
La ley establece que podrán acogerse al beneficio quienes hayan sido procesados o condenados por hechos políticos y que “estén a derecho o se pongan a derecho”. Los tribunales dispondrán de 15 días para resolver cada solicitud.
Uno de los puntos más debatidos fue el artículo 7, finalmente aprobado por unanimidad tras cambios de último momento. El mismo habilita a los exiliados a iniciar el trámite mediante apoderado o abogado y prohíbe que se ordene su detención una vez presentada la solicitud. “Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley”, señala el texto.
No obstante, la norma solo beneficiará a quienes “hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito”, una condición que podría excluir a numerosos opositores que continúan con su activismo desde el exterior. La ley sí elimina las órdenes de arresto internacionales para quienes resulten amnistiados.
El artículo 8 amplió a 13 los hechos amnistiables, incluyendo la participación en protestas y “acciones violentas” vinculadas al fallido golpe de 2002 y a manifestaciones o procesos electorales ocurridos en años específicos entre 2004 y 2025. Quedan excluidos determinados casos de rebelión militar.
El artículo 9 fija límites explícitos: quedan fuera violaciones graves a los derechos humanos, homicidio intencional, crímenes de guerra, narcotráfico, asesinato y corrupción, un delito que suele usarse para justificar inhabilitaciones políticas, según Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia. También excluye a quienes hayan colaborado con acciones armadas impulsadas por actores extranjeros, un punto que la oposición considera ambiguo.
Objeciones y advertencias
Organizaciones civiles sostienen que la ley no constituye una amnistía plena. “Es excluyente y desconoce que la persecución ha sido continua” durante los 27 años de chavismo, afirmó Gonzalo Himiob, director de Foro Penal.
Desde el exilio, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia advirtió que no habrá “reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad”. Para que la medida “sea legítima, debe estar acompañada de verdad, reconocimiento y reparación”, sostuvo en X. “Han sido demasiados años de dolor y de pérdidas como para reducir este debate a un trámite”, agregó.
La diputada opositora Nora Bracho, del partido Un Nuevo Tiempo, también expresó reparos, aunque reconoció que la ley “mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos”.
Respaldo oficial y primeras consecuencias
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, respaldó la iniciativa y la calificó como un “paso trascendental” hacia la estabilidad. “Este instrumento jurídico (...) debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política”, afirmó. “No es simplemente una norma, es, en esencia, un verdadero acto de amor a nuestro país”, agregó.
Horas después de la aprobación, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa anunció que había quedado en “libertad plena”. El exdiputado había sido excarcelado y recapturado a principios de mes y permanecía bajo arresto domiciliario acusado de liderar un complot terrorista, cargos que negó. No está claro si su liberación está vinculada directamente con la nueva ley.
Guanipa, sin embargo, fue uno de los críticos más duros. “Lo aprobado hoy en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía”, sostuvo. “Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, afirmó. “La liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia”, agregó.
Protestas y reacción internacional
Tras la votación, familiares de presos políticos levantaron una huelga de hambre de casi seis días frente a la cárcel Zona 7, en Caracas, aunque advirtieron que la protesta continuará bajo otra modalidad. “Ya tenemos una ley de amnistía aprobada; sin embargo, hasta que no se implemente, no nos iremos de aquí. Nuestra lucha continuará hasta el final”, dijo una de las manifestantes.
En paralelo, el gobierno de España anunció que pedirá a la Unión Europea (UE) el levantamiento de las sanciones contra Delcy Rodríguez, al considerar que Caracas está dando pasos “en el buen camino”. “Las sanciones nunca son un fin, son un medio”, sostuvo el canciller José Manuel Albares. “Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea tiene que darlos también”, concluyó.
Agencias AFP, ANSA y Reuters
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