Los asesinatos políticos estremecen la campaña electoral en México

REUTERS-CIUDAD JUÁREZ.- Apenas habían pasado unos días desde que Magdalena Rubio anunció sus intenciones de ser candidata a la alcaldía del pequeño y montañoso municipio mexicano de Guachochi, cuando empezó a recibir amenazas telefónicas en las que le decían que si no renunciaba la matarían.

Rubio, una activista que por siete años ha defendido los derechos de los pueblos originarios, dijo que, a pesar de los problemas de violencia en el estado de Chihuahua, decidió lanzarse como candidata para ayudar a los indígenas tarahumaras a salir de la marginación que le ha costado la vida a muchos.

"Siempre era una voz de hombre con palabras altisonantes", recordó Rubio, una abogada de 42 años, sobre las llamadas amenazantes, rodeada de su familia en Ciudad Juárez, a pocos metros de la frontera con Estados Unidos.

"Mis cuatro hijos, mi esposo y yo sabemos los riesgos que esto implica", agregó quien hace poco debutó en política como candidata independiente en el "triángulo dorado", una zona marcada por el crimen y el narcotráfico que comprende una parte de Chihuahua. "Pero no puedo renunciar, estoy aquí porque quiero un cambio en mi país".

Su historia no es la única y hay casos más trágicos en medio de un aumento generalizado de la violencia proveniente del crimen organizado, su poder corruptor y la debilidad de las instituciones que los combaten.

Por lo menos 20 mexicanos que buscaban uno de los 3326 cargos públicos -la mayoría de ellos municipales- para los comicios generales del 1° de julio fueron asesinados por criminales en los últimos siete meses, según Etellekt, una consultora local especializada en seguridad.

Si se incluyen a políticos que no compiten en la carrera electoral, fueron ultimados 78 dirigentes desde septiembre. Eso es casi cuatro veces más que en las últimas elecciones, las intermedias de 2015 para renovar diputados federales y locales, cuando fueron asesinados 21 políticos, según Etellekt.

"Este proceso electoral es el más violento desde que se tenga un registro", dijo Rubén Salazar, director de Etellekt, que apuntó que el 68% de las víctimas fueron asesinadas por grupos armados.

Los criminales de las atomizadas organizaciones que operan en el país buscan controlar a las autoridades de los municipios, en donde les es más fácil penetrar, para tener de su lado a la policía local y garantizar sus operaciones delictivas.

Estrategias

En muchos casos amedrentan a candidatos para que se sumen a su nómina. En otros casos trabajan junto a políticos a nivel local para neutralizar a los rivales que pueden estar colaborando con otra organización criminal o que son una amenaza para la victoria de sus propios postulantes.

"Los amenazan [al resto de candidatos] y automáticamente se queda el candidato que ellos tienen. Ellos no tienen competencia por eso", dijo un miembro de un grupo delictivo en Jalisco.

"Lo que hacen ellos es entablar una conversación directamente con el candidato para que nos protejan en cualquier situación o tener tienditas y poder vender [droga]", agregó. "Nos avisan cuando el gobierno llevará a cabo operativos".

A fines de 2006, poco después de asumir la presidencia, Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra los carteles que llevó a capos tras las rejas, pero dividió a las organizaciones en facciones que se trabaron en una lucha por el territorio, lo que desató una violencia inédita en el país.

Desde entonces, más de 160.000 personas murieron en eventos relacionados con el crimen organizado y, con casi 30.000 homicidios, el país cerró 2017 como el año más violento desde que se tienen registros.

Al asumir en 2012, el presidente Enrique Peña Nieto prometió acabar con la violencia ligada al narcotráfico, pero no tuvo éxito y la inseguridad se convirtió en una de las mayores inquietudes de los mexicanos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo estar "preocupado" por los asesinatos de políticos y aseguró que puede afectar la participación en los comicios, que serán los más grandes en la historia del país. Por ello, la semana pasada presentó, junto con la Secretaría de Gobernación, un protocolo de seguridad para los candidatos a las elecciones.

La medida implica una protección adicional de la policía federal para traslados y actos públicos de quienes lo soliciten.

"Un proceso electoral requiere de paz pública, no solamente para que las autoridades tengamos condiciones para operar y cumplir con nuestro mandato", dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdova. "Requiere de paz pública, para que los ciudadanos, que son los verdaderos autores de los procesos electorales, tengan esas condiciones para ejercer un voto libre y secreto", agregó.

En los comicios presidenciales de 2012 y en las legislativas de 2009 los asesinatos no superaron la decena en cada votación.

El gobierno no dio datos sobre los asesinatos para esta campaña, pero a mediados de marzo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo que, hasta ese momento, se habían producido 30 homicidios ligados a posibles candidatos en 2018.

Aquella vez, Navarrete señaló que los crímenes lo "alarmaban", pero que estaban "muy focalizados" en algunas regiones del país. Y la preocupación traspasó fronteras.

"Va, en promedio, un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días, eso es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral", dijo recientemente Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aunque sin aclarar a qué fuente se refería.