Los catalanes, ante unas elecciones cruciales para el plan independentista

El frente oficialista, que lidera las encuestas para las regionales de hoy, busca impulsar el proceso de separación
Martín Rodríguez Yebra
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27 de septiembre de 2015  

El cierre de campaña de los separatistas, anteanoche, en Barcelona
El cierre de campaña de los separatistas, anteanoche, en Barcelona Fuente: EFE - Crédito: Alberto Estévez

BARCELONA.- ¿Qué será España mañana? La inquietud no tiene nada de filosófica: las elecciones autonómicas que se celebran hoy en Cataluña colocan al país por primera vez ante el peligro cierto del desgarro territorial.

El gobierno de la Generalitat que encabeza Artur Mas compite con una lista cuya propuesta única es iniciar un proceso que acabe a más tardar en 2017 en la fundación de una república independiente.

Todas las encuestas colocan a ese frente, llamado Juntos por el Sí, como favorito a ganar y con posibilidades de obtener la mayoría absoluta en el Parlamento regional.

Mas impuso su lógica de convertir las elecciones anticipadas del gobierno catalán en un plebiscito secesionista, a pesar de la advertencia de las autoridades españolas de que esa interpretación es ilegal y fraudulenta. "El voto de tu vida", dicen los afiches de su partido que empapelan Barcelona.

El propio presidente Mariano Rajoy aceptó tácitamente la idea de que está en riesgo la unidad de España, al volcarse de lleno a la campaña regional. Con razón o no, Mas logró llevar al extremo su desafío. Ya lo había intentado el año pasado con la convocatoria de una consulta popular que fue ilegalizada por el Tribunal Constitucional español (se hizo igual, pero con efectos testimoniales).

Tejió una alianza con sus rivales ideológicos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y aceptó relegarse al cuarto lugar de la lista, que será encabezada por el activista de izquierda Raül Romeva.

Mas y sus socios establecieron las reglas del juego electoral por fuera de lo que dice la ley: prometen que abrirán el proceso de secesión si obtienen una mayoría simple de bancas en el Parlamento. Así les resultaría más fácil declarar la independencia que designar al defensor del pueblo (para lo que se requiere dos tercios).

La mayoría de 68 diputados podría obtenerla con el 43% de los votos por obra del sistema D'Hont de reparto de bancas. Si eso pasara, se daría la insólita situación de un gobierno que intentara forzar un cambio de nacionalidad contra la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos.

Los partidos nacionales -PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos- se volcaron contra el separatismo, aunque compiten cada uno por su lado. Su apuesta es movilizar a los que no suelen ir a votar. Según analistas electorales, una participación superior al 70% haría muy difícil a los independentistas alcanzar el caudal de apoyos que necesitan.

Un indicador se conoció ayer: el voto por correo del exterior creció 56% respecto de las anteriores elecciones. Entre quienes ya ejercieron su derecho está Pep Guardiola, ex técnico del Barcelona y candidato testimonial de Juntos por el Sí.

El gobierno de España vive en alerta máxima. Al menos hasta las últimas encuestas conocidas, no había conseguido disuadir a los catalanes del peligro que significaría el plan de secesión.

La campaña transcurrió sin un debate serio sobre las consecuencias que tendría. Son todas incógnitas: ¿seguirán siendo los catalanes ciudadanos españoles? ¿Quién se haría cargo de las jubilaciones? ¿Cómo se repartiría la deuda soberana de España? ¿Saldría Cataluña de la Unión Europea y de la eurozona? ¿Qué pasaría con el comercio de Cataluña, que vende el grueso de su producción al resto del país?

Para España sería catastrófico perder a su región más rica (el 19% del PBI; más del 15% de su población). Y para Europa -varios de cuyos Estados tienen regiones con ansias secesionistas- implicaría asumir otro delicado problema en medio de la avalancha de refugiados y de la persistente crisis económica.

Otra enorme duda consiste en cómo reaccionaría Rajoy en caso de que la Generalitat rompa la legalidad. El Congreso español prevé votar una ley para dotar al Tribunal Constitucional de facultades para castigar expeditivamente a funcionarios que incumplan con sus deberes. ¿Se arriesgará Madrid a impulsar la destitución o hasta la detención de autoridades elegidas por el voto? ¿Ejecutará por primera vez el arma constitucional de intervenir una autonomía?

Sólo un agónico repunte de los partidos unionistas puede evitar que todas esas hipótesis se conviertan en los ejes centrales de una crisis gigantesca a partir de esta misma noche.

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