Los fondos de campaña, la prueba de fuego tras el tsunami del Lava Jato

RÍO DE JANEIRO.- Más allá del alto grado de incertidumbre que caracteriza la actual campaña electoral en Brasil, estos comicios presidenciales serán una "prueba de fuego" para una serie de cambios en el sistema de financiamiento, la reducción del período de propaganda y el límite de gastos, que son consecuencia de los espectaculares descubrimientos de corrupción de la operación Lava Jato en los últimos cuatro años. Y aunque la intención original de las reformas electorales era positiva, varios analistas advierten que sus efectos prácticos podrían ser muy negativos.

"Las investigaciones del Lava Jato caracterizaron una relación mercantil promiscua entre las autoridades políticas y las grandes empresas constructoras, que pagaban sobornos y donaban dinero a todos los partidos en campañas electorales para garantizarse luego contratos y favores", resumió a LA NACION el economista Gil Castello Branco, secretario general de la ONG Contas Abertas, en Brasilia, que fomenta la transparencia y el control de las cuentas públicas.

Ante el impacto de las primeras revelaciones de la extensa trama de coimas y financiamiento ilegal de campañas, el Supremo Tribunal Federal (STF) prohibió, en 2015, las donaciones de empresas a los partidos.

En un principio, las agrupaciones se financiarían apenas con recursos del Fondo Partidario, establecido desde 1995 para ayudar a mantener las estructuras de los partidos, pero como en las elecciones municipales de 2016 ese dinero resultó insuficiente, el Congreso creó el Fondo Especial de Financiamiento de Campañas, a ser distribuido de la siguiente forma: un 2% dividido entre todos los partidos registrados ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), un 49% dividido de acuerdo con la proporción de votos obtenidos por cada partido en la última elección, un 34% dividido en proporción al número de representantes en la Cámara de Diputados y un 15% dividido en proporción al número de representantes en el Senado.

Entre ambos fondos, el dinero para estas elecciones alcanza los US$ 640 millones. Pero esos recursos tienden a mantenerse en las mismas manos de los grandes partidos gracias a la llamada "cláusula de desempeño", que prevé que en los comicios futuros se repartan solo entre aquellas fuerzas que logren un porcentaje mínimo de votos (ahora, 1,5%, pero subirá hasta 3%) en por lo menos nueve estados diferentes.

"La acción de la Corte fue una respuesta rápida para dar satisfacción a la gente que se sentía engañada, pero la implementación que se dio luego terminó favoreciendo a los líderes políticos actuales y a los grandes partidos en vez de impulsar una renovación", apuntó Castello Branco.

Al vetar las donaciones empresariales a los partidos, se incentivaron los aportes personales, que se pueden realizar de forma individual o por medio de campañas de crowdfunding (financiamiento colectivo) o vaquinhas virtuais ("vaquitas virtuales"). Pero aquí también, en vez de aportes nominales máximos, se estipuló que se puedan hacer donaciones de hasta el 10% de los ingresos declarados por la persona en el año anterior.

"Se creó una desigualdad muy grande: los que ganan más dinero tienen mayor capacidad para influir en la política", dijo Marco Antonio Carvalho Teixeira, profesor de Ciencias Políticas de la Fundación Getulio Vargas, en San Pablo, que criticó la autorización al "autofinanciamiento", que permite que candidatos ricos afronten con su propia fortuna toda su campaña (como Henrique Meirelles, del Movimiento Democrático Brasileño). "Si no se limita el autofinanciamiento, se corre el riesgo de transformar la política en una plutocracia, un gobierno de ricos", alertó.

Otras dos novedades que se introdujeron en la reforma electoral fueron la reducción del tiempo de campaña, de 90 a 45 días, y el establecimiento de un techo de gastos: en el caso de los candidatos presidenciales, 70 millones de reales (US$ 17 millones) para la primera vuelta electoral, y 35 millones de reales (US$ 8,6 millones) adicionales para cada uno de los dos candidatos que pasen a un eventual ballottage.

"El propósito de limitar los gastos y el tiempo de campaña electoral es bueno, pero en la práctica lo que ha llevado es a que los nuevos candidatos no tengan tiempo suficiente para darse a conocer y terminen imponiéndose los ya conocidos", resaltó la abogada Karina Kufa, especialista en derecho electoral y profesora del Instituto de Derecho Público en San Pablo.ß

tan solo entre aquellas fuerzas que logren un porcentaje mínimo de votos (ahora, 1,5%, pero irá variando hasta 3%) en por lo menos nueve estados diferentes.

"La acción de la Corte fue una respuesta rápida para dar satisfacción a la gente que se sentía engañada, pero la implementación que se dio luego terminó favoreciendo a los líderes políticos actuales y a los grandes partidos en vez de impulsar una renovación", apuntó Castello Branco.

Al vetar las donaciones empresariales a los partidos, se incentivaron los aportes personales, que se pueden realizar de forma individual o por medio de campañas de crowdfunding (financiamiento colectivo) o vaquinhas virtuais ("vaquitas virtuales"), como es tan común en Estados Unidos. Pero aquí también, en vez de aportes nominales máximos, se reglamentó que se puedan hacer donaciones de hasta el 10% de los ingresos declarados por la persona en el año anterior.

"Se creó una desigualdad muy grande: las personas que ganan más dinero tienen mayor capacidad para influir en la política", señaló Marco Antonio Carvalho Teixeira, profesor de Ciencias Políticas de la Fundación Getulio Vargas, en San Pablo, que además criticó la autorización al "autofinanciamiento", que permite que candidatos ricos afronten con su propia fortuna toda su campaña (como es el caso actual del exministro de Economía Henrique Meirelles, del Movimiento Democrático Brasileño). "Si no se limita el autofinanciamiento, se corre el riesgo de transformar la política en una plutocracia, un gobierno de ricos", alertó.

Otras dos novedades que se introdujeron en la reforma electoral del año pasado fueron la reducción del tiempo de campaña, de 90 a 45 días, y el establecimiento de un techo de gastos: en el caso de los candidatos presidenciales, 70 millones de reales (US$17 millones) para la primera vuelta electoral, y 35 millones de reales (US$8,6 millones) adicionales para cada uno de los dos candidatos que pasen a un eventual ballottage.

"El propósito de limitar los gastos y el tiempo de campaña electoral es bueno, pero en la práctica lo que ha llevado es a que los nuevos candidatos no tengan tiempo suficiente para darse a conocer y terminen imponiéndose los ya conocidos", resaltó la abogada Karina Kufa, especialista en derecho electoral y profesora del Instituto de Derecho Público en San Pablo.