Los mercados, otra vez en vilo por la deuda de Grecia

PARIS.– Grecia se encuentra hoy verdaderamente al borde del default . Los bancos y fondos privados tienen plazo hasta las 20H00 GMT (17H00 de la Argentina) para decir si aceptan participar "voluntariamente" en el canje de obligaciones que permitirá eliminar 206.000 millones de euros de la gigantesca deuda pública griega de más de 350.000 millones.

Si el canje no totaliza un mínimo del 75%, definido por el gobierno como masa crítica de la operación, Grecia abandonará esa suspensión de pagos controlada –sin precedente en la historia financiera– y aceptará declararse en default el 20 de marzo, fecha en que debe reembolsar 14.400 millones de euros. Esa interrupción puede desencadenar una reacción en cadena de imprevisibles consecuencias, ya que la quiebra técnica de Grecia podría activar los credit default swaps (CDS) –seguros que cubren los riesgos de un cese de pagos– provocaría una caída del euro y originaría una fuerte ola de desconfianza en toda la zona euro.

Por el momento, los pesos pesados de las finanzas en Europa se declararon dispuestos a participar en el acuerdo: los tres alemanes Allianz, Commerzbank, Deutsche Bank; los franceses Axa, BNP Paribas, CNP Assurances; el holandés ING Bank; el italiano Intesa San Paolo; los tres bancos griegos Alpha Bank, Eurobank EFG et Banco Nacional de Grecia (BNG), así como el fondo norteamericano Greylock Capital Management.

Pero ese grupo de instituciones privadas dispuestas a participar en la operación representa sólo el 39,3% del total, es decir, 81.000 millones de euros, según indicó anoche el comité de acreedores privados en un comunicado.

Las autoridades europeas manifiestan, no obstante, su confianza. "La operación debería realizarse sin sobresaltos ya que, para el sector privado, es interesante desde el punto de vista financiero", afirmó el comisario de Asuntos Económicos y Financieros europeo, Olli Rehn.

Los términos y condiciones del PSI –acrónimo inglés para Private Sector Involvement– fueron objeto de tensas negociaciones durante seis meses entre el gobierno griego, sus acreedores privados (bancos, compañías de seguros y fondos de inversión) y los prestamistas institucionales (Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo).

En pocas palabras, el acuerdo podría resumirse de la siguiente manera: cada parte acepta perder algo para evitar perder todo, y sobre todo para salvar al euro.

El PSI griego –suerte de primer muro de contención para evitar el contagio de la crisis– es la condición para que el FMI y la UE desbloqueen inmediatamente una segunda línea de crédito de 130.000 millones de euros para Grecia, que hoy no puede acceder a los mercados de dinero.

La operación establece que los acreedores privados renuncien al 53,5% del valor nominal de las obligaciones griegas que poseen. Sumado a una prolongación del plazo de reembolso y a la reducción de tasas de interés que también tuvieron que aceptar, los bancos, aseguradoras y fondos de inversión perderán más de 70% de sus títulos.

Un trago amargo

Para que la poción sea menos amarga, el futuro plan prevé más de 60.000 millones de euros de ayuda a los bancos. De esa suma, por lo menos 30.000 millones irán a las instituciones financieras griegas.

El gobierno griego aceptó, por su parte, una pérdida considerable de soberanía. Además de ser sometido a rigurosos controles por la UE y el FMI, las nuevas obligaciones que emita dependerán de la ley británica, y todo litigio, juzgado por la Corte de Luxemburgo. A la espera de lo que vaya a suceder esta noche, los responsables griegos intentan mantener la calma y apostar por una participación "importante y suficiente" del sector privado. A los recalcitrantes, les repiten que "no habrá una mejor proposición".

Por el momento, el plan reposa sobre la participación voluntaria de los acreedores. Contra los obstinados, Atenas estudia la posibilidad de lanzar cláusulas de acción colectiva (CAC), que permiten extender una propuesta aceptada por una porción predeterminada de acreedores al conjunto de ellos.

Pero ese mecanismo, que puede ser aplicado a la mayoría de las obligaciones, ya que casi todas dependen del derecho griego, podría comprometer el carácter voluntario de la operación y –según los especialistas– desencadenar el pago de los CDS.

En cuanto al resto de los títulos, el gobierno advirtió anteayer que simplemente podría dejar de pagar lo que debe si los acreedores rechazan el acuerdo.

El PSI tiene, en todo caso, un aspecto positivo: cambiará la estructura de la deuda griega, cuya mayor parte estará de aquí en más en manos de instituciones públicas. Al disminuir su dependencia de los mercados, el PSI también debería otorgar a Atenas un respiro para poner en marcha las reformas exigidas por sus acreedores a fin de "modernizar" la economía y hacerla más competitiva.

Pero no todos están de acuerdo con el método impuesto a Grecia. Pensado para evitar una repetición de la crisis de 1929, el PSI no sólo es rechazado por millones de griegos, sino por numerosas personalidades extranjeras, entre las que se cuenta el ex ministro de Economía argentino Roberto Lavagna. Todos denuncian los drásticos sacrificios impuestos a la población a cambio de una ayuda exclusivamente financiera.