Los uruguayos se movilizan y piden más seguridad

Tras un violento crimen, hoy habrá un apagón y una concentración frente a la casa de gobierno
Nelson Fernández
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14 de mayo de 2012  

MONTEVIDEO.- Dos jóvenes entraron en una pizzería pasada la medianoche del viernes y pidieron una bebida. El pizzero puso la botella encima del mostrador y, sin decir una palabra, uno de los aparentes clientes le disparó al pecho. Saltó al mostrador y él y su compañero robaron el dinero de la caja. Al irse, se llevaron el teléfono de una empleada.

Anteayer, todos los noticieros mostraron la filmación registrada por las cámaras del local y se generó una ola de indignación de tal magnitud que en las redes sociales surgieron convocatorias a expresiones de protesta y de reclamo al gobierno para que aumente la represión contra el delito.

El caso y la reacción de la gente se producen en un contexto de creciente preocupación popular por la ola de asaltos y robos, así como una crisis carcelaria que se agravó en las últimas semanas, con motines en algunos penales. Unos 600 presos de una cárcel que fue destruida por protestas internas duermen desde hace 20 días en un patio a la intemperie y no tienen solución a la vista.

El gobierno de José Mujica había definido como una prioridad la construcción de una nueva cárcel y de un hogar para adolescentes infractores, pero esos planes están demorados.

Desde fines de 2008, la inseguridad pública es el principal tema de preocupación de los uruguayos, según las encuestas, y parte de la oposición ha capitalizado esto con una campaña de firmas para convocar a un plebiscito sobre el tratamiento de menores delincuentes. La iniciativa para la enmienda constitucional es del senador Pedro Bordaberry, líder del Partido Colorado, y fue acompañada por el senador del Partido Nacional (blanco) Luis Alberto Lacalle, ex presidente de Uruguay (1990-1995).

La propuesta, que reduce la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, entre otros puntos, y pide que la Corte Electoral convoque a un plebiscito en octubre de 2014, junto con las próximas elecciones presidenciales, necesita que de las 367.609 firmas presentadas sean validadas unas 259.045, o sea, 10% del electorado.

Esas casi 370.000 firmas presentadas por partidos tradicionales -un hecho sin precedente para grupos que no son de izquierda- reflejan la preocupación de la gente por la inseguridad. Esa respuesta no va en sintonía con otras convocatorias a marchas por seguridad, a las que fueron pocos manifestantes.

Las redes sociales

Ahora, con el episodio del pizzero, algunos legisladores de la oposición consideran que puede darse un acto con fuerte apoyo. "Sumemos nuestra presencia; a llenar Plaza Independencia! lunes 14, hora 18, sin partidarismos; hartos de la violencia; indignados no resignados", escribió en Twitter el senador colorado Alfredo Solari.

Tanto en esa red como en Facebook, los mensajes se multiplicaron el fin de semana. Por ejemplo, el periodista Alejandro Figueredo, presentador de noticias en el informativo de mayor audiencia, escribió dos mensajes en Twitter. En uno dijo: "El asesinato del empleado de La Pasiva debe provocar una reacción de todos. No se resistió. Fue ante mucha gente. Algo debe hacerse!". En el otro, agregó: "Me adhiero a las manifestaciones contra la violencia. Sin fines políticos, hoy una vela encendida a las 20 en la ventana por las víctimas".

El diputado José Carlos Cardoso, del Partido Nacional, interpelará al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por los problemas de inseguridad y por la crisis carcelaria. "Voy a preparar muy bien esta interpelación. Ya fui al Penal de Libertad, lo recorrí todo, hablé con los presos, con los narcotraficantes, y ahora sigo viendo cárceles para llegar a la sesión (de la Cámara de Representantes) bien informado", dijo a La Nacion el legislador blanco.

Mujica ya ordenó que el ejército se haga cargo del control de acceso a las cárceles, porque se comprobó que la policía ingresa armas y drogas para los reclusos. En abril, un preso mató a un guardia carcelario con una pistola que había comprado a otro policía.

El gobierno relativiza las críticas, pero reconoce errores en sus planes contra el delito. Como el servicio de denuncia por asaltos no funcionaba correctamente, en enero puso en funcionamiento un nuevo servicio 911, pero pasaron varios meses y todavía conviven ambos sistemas, pero sin la eficacia que se esperaba.

El vocero de la jefatura de la policía de la capital, José Rondán, dijo ayer que tras el crimen del pizzero las patrullas están trabajando "con rabia contenida" por el sentimiento que generó "la sangre fría" de los asaltantes.

Desde la oposición, el dirigente que hasta ahora había sido más comprensivo con el gobierno y que no adhirió a la campaña de firmas por el plebiscito también se desmarcó de la administración Mujica y reclamó una reacción inmediata.

"Al gobierno le hemos dado instrumentos [pero] a esta altura se requiere un plan de emergencia en seguridad, porque el estado de inseguridad es más grave que las consecuencias de la propia pobreza de 2002", dijo el senador Jorge Larrañaga. "Ahora es necesario un plan de shock, basado en la tolerancia cero. Implica una lucha metódica y consecuente contra la delincuencia, hasta su derrota", añadió el líder blanco.

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