Magnicidio: Haití, sumido en la pobreza pese a los 13.000 millones de dólares de ayuda internacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace meses que las calles de Haití están ocupadas por manifestantes furiosos que queman neumáticos, arrasan los comercios y destruyen las sucursales bancarias. También hay bandas que con el consentimiento muchas veces tácito de la policía han secuestrado al voleo a comerciantes, monjas y hasta niñas de guardapolvo para pedir rescate.

Finalmente, este miércoles el país terminó de hundirse en el caos, cuando un comando de hombres armados irrumpió en medio de la noche en el hogar del presidente Jovenel Moïse y lo acribilló en la cama junto a su esposa, que resultó herida.

Cada vez que los haitianos creen que no se puede estar peor, los hechos los desmienten y su país parece dar un giro todavía más infausto. Ahora el país pende de un hilo sobre el vacío político, sin presidente, sin Parlamento y sin una Corte Suprema en funciones.

El marasmo del país lo ubica desde hace décadas al tope de la lista naciones como Afganistán o Somalia, cuya sola mención suscita imágenes de desesperación y sufrimiento alrededor del mundo. En todas partes, la gente se pregunta cómo puede pasarle eso a Haití, estando a la sombra del país más rico y poderoso del mundo.

Pero los dramas de Haití tienen raíces profundas, que se remontan a sus tiempos de colonia de esclavos de Francia, que obtuvo su independencia en 1804, tras derrotar a las fuerzas de Napoleón Bonaparte, y que ya en el siglo XX sufrió más de dos décadas de una brutal dictadura que concluyó en 1986.

Después vino el devastador terremoto de 2010, la llegada de miles de millones de dólares de ayuda internacional, y el arribo de fuerzas de paz que al parecer no hicieron más que agravar los problemas y la inestabilidad del país.

Los desastres de Haití no cayeron en el vacío y la comunidad internacional lo asistió con más de 13.000 millones de dólares a lo largo de la última década. Pero en vez de la construcción de una nación que ese dinero buscaba propiciar, en los últimos años las instituciones de Haití terminaron de vaciarse por completo.

El año pasado, cuando el presidente Moïse dejó vencerse el mandato del Parlamento, el país quedó con apenas 11 representantes electos -el propio Moïse y 10 senadores- para una población de 11 millones de habitantes, lo que despertó una enérgica condena pero poco más que eso desde Washington. Durante el año y medio siguiente y hasta su asesinato, Moïse gobernó casi exclusivamente por decreto.

Haití es menos un “Estado fallido” que un “Estado asistido”, como lo defino un analista, ya que solo perdura gracias a los millones de dólares que recibe de la comunidad internacional. Y los gobiernos extranjeros que lo asisten no se deciden a cerrar la canilla, temiendo que el país deje de existir como tal.

Pero esos fondos han sido una especie de salvavidas de plomo, porque los sucesivos gobiernos tuvieron poco incentivo para llevar adelante las reformas institucionales necesarias para reconstruir el país, ya que apuestan a que ante un agravamiento de la situación, la comunidad internacional abrirá sus arcas, señalan analistas y activistas de la isla.

La ayuda sirvió para apuntalar al país y a su dirigencia, permitiendo el acceso a servicios y suministros esenciales que la población necesita desesperadamente. Pero esa ayuda internacional también hizo posible que la corrupción, la violencia y la parálisis política avanzaran sin freno.

Aunque lo nieguen, los políticos haitianos siempre recurrieron a pandillas para influir en las elecciones y ampliar su base territorial. En los últimos tres años del mandato de Moïse, se produjeron una decena de masacres perpetradas por bandas vinculadas al gobierno y las fuerzas policiales que dejaron un saldo de más de 400 muertos en barrios opositores. También se las responsabiliza de haber forzado el desplazamiento de 1,5 millones de personas. Nadie ha sido investigado o juzgado por esos crímenes.

Cada vez que estalla un escándalo político o de violación de los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos emite una condena que en Haití ya nadie toma en serio.

Los líderes de la sociedad civil haitiana sostienen que en vez de apoyar el largo camino hacia la creación de un sistema que funcione, Estados Unidos optó por apuntalar a los caudillos del país y ató el destino de Haití a la figura de esos hombres. Muchos haitianos denunciaron repetidamente el apoyo de Estados Unidos a Moïse, pero no tenían suficiente poder para modificar la situación.

“Desde 2018 que estamos pidiendo que rindan cuentas”, dice Emmanuela Douyon, experta en política haitiana que a principios de este año dio testimonio ante el Congreso de Estados Unidos y reclamó que Washington modifique su política exterior y el enfoque de su ayuda a Haití.

“La comunidad internacional tiene que dejar de imponernos lo que cree que es correcto, y empezar a pensar en la estabilidad a largo plazo”, dijo Douyon en una entrevista.

Douyon y otros analistas dicen que Estados Unidos tiene que condicionar su ayuda a que la dirigencia de Haití se comprometa a sanear y reformas las instituciones. Y las personas con poder deben rendir cuentas por la violencia y la corrupción que impregnan todos los aspectos del país.

El magnicidio de Moïse es un capítulo más de una violencia que lleva diez años. Los asesinos que asaltaron la residencia de Moïse mataron a un presidente que llegó al poder en 2016 con apenas unos 600.000 votos: solo el 18% de los haitianos concurrió a las urnas y hubo acusaciones generalizadas de fraude.

Sin embargo, Estados Unidos apoyó al impopular y controvertido líder, y lo sostuvo en medio de los pedidos de destitución de 2019, cuando se descubrió que la ayuda internacional que había recibido el gobierno, de pronto, había desaparecido.

En febrero, Moïse dijo que permanecería en su cargo un año más, porque le habían impedido asumir como presidente durante todo el tiempo que llevó investigar las acusaciones de fraude electoral. A pesar de los reclamos de renuncia de los líderes de la sociedad civil, Washington lo apoyó. Sus detractores denunciaron que su continuidad en el cargo era inconstitucional y en las calles estalló la furia, convirtiendo a Puerto Príncipe, la capital, en una hoguera de incertidumbre y de violencia.

Con el respaldo sostenido de Estados Unidos, Moïse se había vuelto cada vez más autoritario: a fines del año pasado, aprobó una ley antiterrorista con facultades tan amplias que hasta podía ser utilizada contra la oposición.

A principios de este año, declaró que redactaría una nueva Constitución que otorgaría amplios poderes a los militares y permitiría que los futuros presidentes se postulen para un segundo mandato consecutivo, algo actualmente vedado. Había programado elecciones nacionales y un referéndum sobre la nueva Constitución para septiembre, a pesar de las advertencias de que la celebración de elecciones en medio de tanta violencia reduciría la participación de los votantes y llevaría al poder a las mismas figuras políticas que provocaron los actuales enfrenamientos. Estados Unidos, sin embargo, apoyó una vez más los planes de Moïse.

“Cuesta pensar el momento presente como una oportunidad, porque lo más probable es que conduzca a un mayor caos”, dice Alexandra Filippova, abogada del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, una organización que brinda asistencia legal a víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país.

“Si Estados Unidos y sus socios internacionales quieren ayudar en serio, lo que tienen que hacer es escuchar a la sociedad civil haitiana y tomar el camino difícil: construir bases reales para la democracia en la isla”, dice Filippova.

The New York Times

(Traducción de Jaime Arrambide)