Más presión sobre Maduro: la ex fiscal Ortega pidió a la CPI su captura internacional

CARACAS.- La fiscal rebelde cumplió su promesa y cuatro meses después acudió a La Haya. " Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por estar incursos en crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma", explicó ayer tras solicitar ante la Corte Penal Internacional (CPI) que se libre una orden de captura internacional contra el jefe del Estado, al que culpa de ser el principal responsable de asesinatos, torturas, encarcelamiento y "un ataque sistemático contra la población civil".

Ortega lo resumió de forma descarnada: "Un plan de limpieza social, una razia". Además también acusó al gabinete bolivariano del "hambre y la miseria a la que han sometido al pueblo de Venezuela".

La antigua jefa del Ministerio Público presentó más de 1000 elementos probatorios ante la CPI, entre los que incluye reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas. Ortega fue una estrecha colaboradora del líder bolivariano Hugo Chávez. Comenzó a ser perseguida en abril pasado, tras denunciar la ruptura del orden constitucional fraguada entre la presidencia y el Tribunal Supremo.

La Asamblea Nacional Constituyente la destituyó de forma ilegal antes de huir al exilio, pese a lo cual es reconocida como la titular legítima de la fiscalía para la mayoría de los países de América y de Europa.

La fiscal rebelde denunció también a los cuatro oficiales más poderosos de la cúpula militar revolucionaria, empezando por el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y comandante de la Misión Abastecimiento, que mueve miles de millones de dólares. Los otros militares acusados son Néstor Reverol, ministro del Interior y Justicia; Gustavo González, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), y Antonio Benavides, actual jefe del gobierno del Distrito Capital y comandante de la Guardia Nacional durante la ola represiva de este año. Para todos ellos también solicitó su captura.

"Estamos felices, los soldados y soldadas, porque hay elecciones en Venezuela", respondió el general Padrino a través de un video en redes sociales.

Las cuentas de la fiscal causan asombro: entre 2015 y 2017 se contabilizan 8920 muertes a manos de funcionarios militares y policiales que cumplían instrucciones del alto gobierno, incluidas las polémicas Operaciones Libertad del Pueblo (OLP), llevadas a cabo por grupos tácticos de combate y denunciadas antes por los organismos de derechos humanos. En las autopsias se evidencian "disparos de arriba hacia abajo, lo que significa que estaban probablemente de rodillas", detalló la fiscal, perseguida política de Caracas que recorre el mundo para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

El informe incluye denuncias de ejecuciones, 17.000 detenciones arbitrarias, cientos de torturas. Ortega confesó que su presencia en La Haya se debe a que en Venezuela es imposible conseguir justicia.

"El éxito de la acusación ante la CPI hecha por Luisa Ortega depende de la calidad del acervo probatorio consignado, si no sería un bluff", dijo Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano. Pese a que se trata de una denuncia sin precedente, analistas y expertos jurídicos tienen muchas dudas de cómo obrará la CPI ante una situación sólo posible en Venezuela, con uno de los poderes públicos denunciando tan gravemente al presidente. En principio, que el caso sea aceptado dependerá de las pruebas presentadas por Ortega.

También mirando a La Haya se reunió ayer en tercera ronda de sesiones la Organización de los Estados Americanos (OEA). El ente panamericano pretende determinar si la situación venezolana también merece ser remitida a la CPI.

Los embajadores volvieron a escuchar testimonios escalofriantes de las víctimas de la rebelión popular desatada este año. "A mi hijo no lo asesinaron con una pistola de pernos como dijo falsamente el gobierno, sino con una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana", describió José Pernalete, padre del estudiante asesinado Juan Pablo Pernalete. La revolución quiso usar este caso como parte de su propaganda contra las protestas, pero la propia Ortega la desmintió con su investigación.

Pero fue el ex fiscal Franklin Nieves, exiliado en Estados Unidos tras llevar el peso de la acusación contra Leopoldo López, el que causó más asombro con su revelación. "La jueza Susana Barreiros me confesó que condenó a López por orden de Diosdado Cabello", disparó Nieves, que aseguró que no había ni pruebas ni evidencias contra el líder opositor.

El fiscal del caso más importante en revolución también atacó sin contemplaciones al Sebin, cuyo director figura en la lista de Ortega. "Se comportan como un grupo parapolicial que revisa las actuaciones de los jueces y fiscales en Venezuela", criticó.

Los cinco acusados

Maduro lidera la peligrosa selección de amigos del orden chavista que la ex fiscal Ortega denunció ante la CPI

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

El líder chavista es el máximo responsable por línea jerárquica del ejército venezolano y de las fuerzas de seguridad, que según la denuncia de la ex fiscal general Luisa Ortega perpetraron más de 8000 asesinatos en los últimos tres años. Maduro no sólo jamás llamó a la moderación y al control de esas fuerzas, sino que son sus principales aliadas. También es responsable de alentar la violencia de los llamados “colectivos chavistas”, los grupos de choque presentes en la represión de las marchas y en las fechas electorales

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa

Como ministro de Defensa tiene a su cargo la planificación y conducción de las operaciones para la defensa nacional, para el mantenimiento del orden interno o para “contribuir al desarrollo del país”. Tiene el mando para ejecutar un despliegue de unidades para la frontera como para una operación contra la minería ilegal. También conduce la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, un esquema que da control de la producción, importación y distribución de alimentos y medicinas a las fuerzas armadas

Néstor Reverol, ministro del Interior

Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado en cadena nacional por Maduro el 3 de agosto de 2016. Su currículum daba cuenta de un pasado sin escrúpulos y un futuro de violencia. Un día antes del nombramiento, fiscales norteamericanos anunciaron una acusación en su contra, presentada ante una corte de Nueva York, por recibir supuestos pagos del narcotráfico a cambio de colaborar con la importación de cocaína hacia Estados Unidos cuando se desempeñaba como director de la Oficina Antidrogas

Gustavo González López, director del Sebin

Al mando del poderoso Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ariete del chavismo contra la oposición, López fue uno de los siete funcionarios que recibieron sanciones específicas de Estados Unidos por abusos a los derechos humanos, durante la presidencia de Barack Obama. A pesar de haber recibido también acusaciones desde el seno mismo del gobierno por la comisión de “graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”, Maduro lo ascendió este año a general en jefe del ejército bolivariano

Antonio Torres, jefe de gobierno de Caracas

Jefe de gobierno del Distrito Capital, Torres fue jefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). La fiscalía general lo imputó por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones opositoras de este año, donde la GNB tuvo un papel central. Su función represiva continuó como jefe de gobierno. “Le he dado una tarea central: los cuadrantes de Caracas, la seguridad. Sé que va a estar todos los días en la calle, coordinando la seguridad”, dijo Maduro sobre el nombramiento

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