Mucho más que solo ira: el caso destruyó la confianza social

CIUDAD DE MÉXICO.- México entró en punto muerto. Tras casi dos años de avanzar por la vía de las reformas, el país que hasta hace poco asombraba al mundo vive días de incertidumbre. La desaparición de los 43 estudiantes disparó una indignación sin precedente en esta gestión. Un malestar que paralizó a varias instituciones del país.

En este convulso horizonte, el presidente Enrique Peña Nieto parece haber perdido, por primera vez en su mandato, la iniciativa. Su principal apuesta económica, la apertura del mercado del petróleo, tropezó con una vertiginosa caída del precio del crudo, y su crédito político se vio sometido a fuertes críticas al descubrirse que la casa de su esposa, Angélica Rivera, donde la pareja pensaba retirarse una vez terminado el mandato, aún estaba siendo pagada a una constructora con numerosos contratos con la administración pública.

Pero más allá de estas sacudidas palaciegas, las mayores y más profundas turbulencias proceden de la calle, donde las protestas no ceden. Calles cortadas, sedes de partidos vandalizadas, edificios oficiales quemados y hasta aeropuertos tomados por la fuerza dibujaron en las últimas semanas un preocupante cuadro de tensión, donde grupos radicales que habían permanecido adormecidos cobran fuerza, sobre todo, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. La ola, con todo, no se detiene en el empobrecido Sur. Tampoco en los límites de la tragedia de los estudiantes.

No se trata sólo -señalan los expertos- del malestar de unos estudiantes y profesores más o menos radicalizados, ni siquiera de la cólera de unos padres defraudados por la investigación policial. El caso Iguala, con su venenosa combinación de impunidad y corrupción, tocó más las fibras profundas y puso en alerta a las instancias del poder tradicional. Empresarios, líderes de opinión, intelectuales y hasta la Iglesia alzaron la voz por la creciente oscuridad que se cierne sobre el panorama político mexicano.

Los obispos, reunidos en asamblea plenaria, hablaron de "crisis nacional" y pidieron una acción urgente del presidente "para recuperar la credibilidad y la confianza social". El Banco de México, en una inusual intervención, advirtió del "deterioro en la confianza de los agentes económicos" por "los recientes acontecimientos". Y los grandes partidos, entre ellos el PRD (izquierda), sumido en una devastadora implosión por su apoyo al alcalde de Iguala, admiten sin tapujos que el magma del descontento puso contra las cuerdas su ya escasa credibilidad.

"Es una crisis en la que inciden muchos factores, no se debe a una causa única. La revelación de los detalles del asesinato causó un shock nacional. México, de repente, se reencontró con su pasado. Hay una indignación justificada y difusa que recoge una acumulación de agravios, desde el hartazgo frente a la corrupción hasta el desencanto de muchos votantes que deseaban que el PRI supiera controlar la hemorragia de la violencia. Pero la respuesta social no está articulada y ni siquiera hay líder. Y eso aún permite al presidente dar un golpe de timón", indica el historiador Enrique Krauze.

Hasta el momento, Peña Nieto empleó una estrategia bifronte. A los más violentos, tras días de silencio, les marcó esta misma semana el límite al acusarlos de "generar desestabilización y desorden social y, sobre todo, atentar contra el proyecto de nación".

Pero ante los padres y la ola de solidaridad formada a su alrededor optó por el apaciguamiento. Para ello se creó un fondo para las víctimas y, fuera de los focos, la Cámara de los Diputados aprobó un paquete extraordinario de 30 millones de dólares para las 14 escuelas normales rurales de México, siendo la más beneficiada Ayotzinapa, el epicentro de la protesta.

Pero dentro y fuera de su partido se espera una respuesta de mayor amplitud de parte del presidente. Entre las bazas que le quedan por jugar a Peña Nieto destacan un cambio de gobierno, con la figura del procurador general en el centro de todas las miradas, y la anunciada convocatoria de un pacto nacional contra la impunidad y la violencia.

El camino para esta nueva reforma parece expedito. Pero el presidente, posiblemente porque las aguas no se han calmado, no llamó aún a las fuerzas sociales y políticas. Y en este compás de espera, la crisis no ha hecho más que agriarse.

Juan Martín Ahrens