Nicaragua: renunció un juez de la Corte Suprema cercano a Ortega y denunció un "Estado del terror"

"Que Dios salve a Nicaragua ", escribió Rafael Solís Cerda, en su carta de renuncia al cargo de juez de la Corte Suprema. Señalado como uno de los artífices de la reelección del presidente Daniel Ortega y como su operador político en la Justicia, el magistrado le soltó la mano ayer y rompió con el Frente Sandinista, después de 43 años de militancia. Además, en una dura carta, responsabilizó al orteguismo de haber sembrado durante los últimos nueve meses un "Estado de terror" en el país centroamericano.

"No deseo participar por conciencia y por principios al lado de un gobierno que ya no tiene la razón ni el derecho, ni el respaldo mayoritario del pueblo y que se apoya únicamente en el uso de la fuerza para mantenerse en el poder", fueron algunas de las razones que esgrimió Solís en su carta de renuncia dirigida a Daniel Ortega y a su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo. Es a la pareja presidencial a quien responsabilizó de haber destruido todo tipo de derechos en el país.

Para el magistrado, ya no existen posibilidades de retomar la paz ni el casi extinguido diálogo en Nicaragua, mucho menos de terminar con la violenta crisis sociopolítica que se desató a partir del 18 de abril. En cambio, solo le queda esperar- muy probablemente desde el exilio- un milagro.

En ese sentido el exjuez denunció: "Ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión".

Violencia

La renuncia de Solís cobra especial relevancia porque se trata de la primera persona del propio riñón del orteguismo en hacer pública una acusación de tal magnitud. Además confirma el nivel de violencia que ya dejó 325 muertes y más de 500 presos políticos, según los reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), antes de que Nicaragua suspendiera, a fines de diciembre, su accionar en el país y quedara sin monitoreo internacional.

El informe realizado por el GIEI sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua, dado a conocer a hace menos de un mes, señaló la responsabilidad del Estado a la hora de recurrir al uso abusivo e indiscriminado de la fuerza para reprimir las manifestaciones pacíficas de las protestas.

Ustedes se empeñan en continuar haciendo mal las cosas hasta llevar al país a una guerra civil de la cual yo no quiero ser partícipe, mucho menos al lado de ustedes

A lo largo de la carta, Solís se refiere a un "Estado de terror" con el "uso excesivo de fuerzas parapoliciales o de la Policía misma con armas de guerra, que han sembrado el miedo". Asimismo, en su renuncia, el histórico sandinista desestimó el argumento central del gobierno al señalar que no existió agresión externa.

"Estoy renunciando porque si se hubiese tratado de un golpe de estado fallido, en estos meses de 2018 y no se hubiera matado tanta gente, yo estaría con ustedes y continuaría en la Corte y en el Frente, pero no hubo tal golpe de estado, ni agresión externa, sino un uso irracional de la fuerza", resaltó en alusión directa al matrimonio presidencial. Y agregó: "Ustedes se empeñan en continuar haciendo mal las cosas hasta llevar al país a una guerra civil de la cual yo no quiero ser partícipe, mucho menos al lado de ustedes".

"La denuncia es importante porque advierte que no hubo intento de golpe, que hay presos políticos con acusaciones absurdas, y que se reconocen los asesinatos de opositores", explicó a LA NACION Pablo Parenti, reconocido fiscal argentino y uno de los expertos que integró el GIEI.

Mientras realizaba el estudio de la crisis en Nicaragua, el fiscal se reunió con el exjuez en dos oportunidades junto con otros representantes de los distintos poderes del Estado. Todos ellos se negaron a brindar cualquier tipo de colaboración, incluso ante los insistentes pedidos de acceso a la información del GIEI. Durante esos encuentros Parenti creyó percibir en el magistrado cierta incomodidad, sin sospechar que pocos meses después sería él quien denunciaría públicamente la existencia de "una gran cantidad de detenidos con una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron".

Más allá de algunas acusaciones por parte de la oposición, que presume cierto oportunismo político en la renuncia de quien supo ser uno de los colaboradores más cercanos a Daniel Ortega, su denuncia pública representa sin lugar a dudas una fractura en el orteguismo. Eso sí, todavía se desconoce cuál será el alcance de su impacto.