La guerra contra el terrorismo: otra polémica para la Casa Blanca después delas escuchas y los planes de la red islámica. Nuevo escándalo de espionaje en EE.UU.

WASHINGTON.- El gobierno de George W. Bush vigila y revisa desde hace cinco años decenas de miles de operaciones bancarias y registros financieros de personas con supuestos vínculos terroristas, pero sin autorizaciones judiciales previas, en Estados Unidos y en otros puntos del planeta, según revelaron ayer The New York Times y Los Angeles Times.

El programa secreto, autorizado por Bush semanas después del 11 de septiembre de 2001, intenta detectar terroristas y cortar sus redes de financiamiento. Pero, al igual que el escándalo de las escuchas telefónicas -que salió a la luz en diciembre pasado-, el control bancario generó serias dudas sobre su legalidad, incluso entre los ejecutivos bancarios involucrados, y una polémica por los avances del gobierno sobre la vida privada.

El monitoreo de datos financieros reservados se concentra en el núcleo de la industria bancaria mundial, antes llamada Sociedad Internacional para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias (Swift, por sus siglas en inglés), por donde pasan más de US$ 6 billones por día en giros bancarios, operaciones bursátiles y otros movimientos financieros.

La Casa Blanca reconoció ayer la existencia del programa, en manos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y defendió su legalidad. El vicepresidente Dick Cheney dijo que era necesario para luchar contra la red terrorista Al-Qaeda, mientras que el secretario del Tesoro, John Snow, dijo que la supervisión encarnaba "lo mejor del gobierno".

La administración republicana explicó que la supervisión financiera se enfocó cuidadosamente en aquellas transacciones que tenían un vínculo con una posible actividad terrorista. "El programa nos ha aportado una ventana única y poderosa hacia las operaciones de redes terroristas y es, sin duda, una aplicación legal y correcta de nuestras autoridades", argumentó el subsecretario del Tesoro, Stuart Levey.

Los controles sobre las operaciones bancarias difieren, sin embargo, del método habitual que sigue el gobierno estadounidense para obtener los registros de movimientos financieros de quienes viven en este país. La primera diferencia es que no solicitaron una orden judicial previa.

Tras los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono, y a pedido de Washington, los ejecutivos de Swift permitieron que funcionarios de la CIA y la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) accedieran a los registros de "decenas de miles" de operaciones, explicó Levey. Los ejecutivos de Swift expresaron sus inquietudes al gobierno sobre la legalidad del programa y el involucramiento de la compañía, reveló The New York Times, que amenazaba con convertirse en un escándalo cuando saliera a la luz.

La firma, con sede central en Bélgica, llegó a informarle a Estados Unidos que evaluaba terminar su cooperación y sólo dejó a un lado sus observaciones cuando recibió una señal explícita de altos funcionarios, incluido el entonces titular de la Reserva Federal, Alan Greenspan.

La institución opera con 7800 entidades financieras de todo el mundo y maneja unos 11 millones de transacciones diariamente.

"El acceso a esos datos fue un instrumento importante en la lucha contra el terrorismo y reforzó nuestra capacidad de bloquear fondos destinados a los terroristas", arguyó la vocera adjunta de la Casa Blanca, Dana Perino.

Más preguntas

Además, según el gobierno, el Banco Central Europeo (BCE) y algunas figuras del Congreso estaban al tanto del programa. Pero al igual que ante las controvertidas escuchas telefónicas desde y hacia Estados Unidos, y el control de los registros de llamadas dentro del país -ambos sin pedir la luz verde de los tribunales-, las preguntas son más que las respuestas.

En el caso del acceso a los registros telefónicos por la Agencia de Seguridad Nacional, el programa podría vulnerar el derecho periodístico a la reserva de las fuentes; en el caso de la revisión financiera, el alcance del secreto bancario y los bancos offshore.

Pero en las semanas que siguieron al 11 de Septiembre, cuando la Casa Blanca pugnaba por evitar un nuevo y devastador ataque terrorista, Bush obvió esas dudas y, apoyado en la tesis jurídica que le aportó el actual secretario de Justicia, Alberto Gonzales, ordenó "investigar, regular o prohibir" cualquier transacción financiera extranjera relacionada con "una amenaza inusual o extraordinaria".

El programa alcanza así a bancos que operan dentro y fuera de Estados Unidos y a decenas de miles de personas que jamás ingresaron en este país, pero que quizá transfirieron o recibieron dinero a una cuenta o desde una cuenta abierta en su territorio.

Cheney cargó incluso contra The New York Times. Dijo sentirse "ofendido" por la revelación periodística, que, sostuvo, "complica" la lucha contra el terrorismo.

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