Para la Argentina, la oportunidad de ayudar sin dogmatismos

El "marco de referencia para la eliminación de las armas químicas de Siria", acordado entre los cancilleres Sergei Lavrov y John Kerry generó una primera iniciativa razonable y realizable en torno del drama sirio, desactivó la probabilidad de una acción unilateral contra Damasco por parte de un conjunto estrecho de países, facilitó un puente de acercamiento diplomático entre Rusia y Estados Unidos después de semanas de tensión en las que se combinan los casos de Edward Snowden y de Bashar al-Assad y volvió a colocar a la ONU en el centro de una solución al conflicto sirio.

Con este contexto, la Argentina bien podría hacer algunos aportes. Sin duda, el país perdió una oportunidad en agosto pasado cuando, a cargo de la presidencia pro témpore del Consejo de Seguridad, no ubicó en el centro de la agenda la cuestión de Siria, la urgencia de medidas humanitarias, el valor de acciones preventivas no militares y la búsqueda de una solución política en ese país. Ahora, sin embargo, aparece una oportunidad de realizar contribuciones prudentes y creíbles.

En el tema específico del acuerdo rusonorteamericano, cabe destacar que un diplomático argentino, Rogelio Pfirter, presidió por ocho años (2002-2010) la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), llamada a cumplir un papel central en la iniciativa Lavrov-Kerry. Más allá de las preferencias ideológicas del gobierno y en aras de procurar un respaldo interno más amplio a su política exterior, sería sensato que Buenos Aires pusiera al servicio de la ONU la experiencia de profesionales en materia de armas químicas y verificación. Hay que recordar, a su vez, que en su momento Pfirter estuvo al frente de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (Abacc).

La cuestión de las armas químicas es esencial, pero también lo es el asunto humanitario. Un conflicto que, en dos años, dejó unos 100.000 muertos y en el que el Estado, principalmente, y los rebeldes, en especial las más fundamentalistas, recurren a métodos atroces, debe ser sometido a la Corte Penal Internacional (CPI) para que los actores que hayan cometido crímenes de lesa humanidad sean juzgados y sancionados.

Tal como en su momento lo sugirió la Liga Árabe -secundada por la Argentina- el Consejo de Seguridad puede usar todas las evidencias disponibles, tales como el reciente informe de la comisión independiente de la ONU sobre derechos humanos y el futuro informe de los inspectores sobre el uso de armas químicas, para elevar a la CPI la tragedia padecida por el pueblo sirio. Hay que recordar que otro argentino, Luis Moreno Ocampo, fue el fiscal de la CPI entre 2003 y 2012. Otra vez es fundamental que se use la experiencia de alguien como él para que el país despliegue, con tacto, una diplomacia eficaz en aras de que las grandes potencias y los países de Medio Oriente promuevan el recurso a la Corte.

Resta, por otro lado, el logro de una solución política efectiva y sustentable al conflicto. También allí la Argentina podría jugar un rol constructivo: no hay que olvidarse que el país reside la mayor población de descendencia siria en América latina y que los alauitas, sunnitas, cristianos y drusos han convivido en paz por más de un siglo. El futuro de las conversaciones en Siria puede beneficiarse de la convivencia pacífica que conoció la Argentina.

En breve, con discreción y sin dogmatismo, la Argentina puede desarrollar una conducta moderada y positiva ante esta ventana de oportunidad que se abrió en el dilemático y dramático caso de Siria.

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