Para la economía, un plan con más de un beneficio

WASHINGTON- La alicaída economía de Estados Unidos podría repuntar si el presidente Barack Obama y un grupo de senadores de ambos partidos logran la aprobación de la mayor reforma del sistema inmigratorio del país en su historia.

Según los economistas, una flexibilización de la norma inmigratoria alentaría la inversión en nuevos negocios, aumentaría la demanda de viviendas y la recaudación impositiva, y así ayudaría a reducir el déficit fiscal.

Al favorecer el ingreso legal al país de nuevos inmigrantes y permitir que muchos ilegales regularicen su situación, Estados Unidos podría ahuyentar el descenso de su tasa de natalidad y colocarse en una posición demográfica más sólida que la de aquellos países cuyas poblaciones envejecen, como Europa, Japón y China.

"Hay muchas industrias que, incluso hoy, con una economía tan alicaída, no encuentran el personal que necesitan para satisfacer la demanda y expandir su producción", dijo Alex Nowrasteh, especialista en inmigración del Instituto Cato.

Existe entre los economistas un creciente consenso acerca de los beneficios que aporta la inmigración: aumenta la demanda y la productividad, da impulso a la innovación, ayuda a bajar los precios. Los expertos no se ponen de acuerdo, sin embargo, sobre la magnitud de ese impacto sobre el crecimiento económico.

La posibilidad de una reforma de fondo ganó impulso anteayer, cuando un grupo de senadores de ambos partidos acordaron un marco de trabajo que permitiría que más de 11 millones de ilegales tengan la oportunidad de convertirse en estadounidenses.

La propuesta también incluiría los mecanismos para atraer y conservar a trabajadores con experiencia en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esas medidas estarían destinadas no sólo a los estudiantes extranjeros que asisten a universidades norteamericanas, donde obtienen sus posgrados, sino también a trabajadores del exterior con experiencia en tecnología de punta.

Alrededor del 40% de los científicos de Estados Unidos son inmigrantes y algunos estudios indican que, respecto de los nacidos en Estados Unidos, existe el doble de posibilidades de que un inmigrante inicie un nuevo negocio, dijo Nowrasteh.

Alentar la inmigración legal y legalizar a los trabajadores ya existentes podría aportarle a la economía norteamericana un billón y medio de dólares durante la próxima década, según estima Raúl Hinojosa-Ojeda, especialista en políticas inmigratorias de la Universidad de California. La cifra implica el 0,8 % de crecimiento del PBI, hoy estancado en alrededor de un 2%.

Otros economistas dicen que el beneficio potencial para el crecimiento económico es mucho menor.

Las posibilidades de una reforma de fondo parecen cada vez mayores. Líderes republicanos, como el gobernador Bobby Jindal, de Luisiana, no tienen pelos en la lengua a la hora de recalcar la necesidad de su partido de atraer a la comunidad hispana y a los votantes nacidos en el extranjero, desalentados por el duro discurso del candidato Mitt Romney, durante la campaña presidencial de 2012.

La iniciativa anterior, que Obama reveló en 2011, incluía la creación de un programa de trabajadores-invitados, para suplir la demanda de mano de obra agrícola, y se espera que la propuesta de este año incluya alguna medida similar. Los senadores también señalaron que están dispuestos a aprobar un programa que permita que las empresas de ciertos sectores importen trabajadores invitados, en el caso de que no haya estadounidenses disponibles para esos puestos.

Un impulso adicional al crecimiento podría conseguirse aumentando los salarios de los trabajadores recientemente legalizados e incrementando la productividad por la llegada desde el exterior de nuevos trabajadores calificados.

La larga discusión sobre la inmigración es de corte demográfico. Muchas naciones desarrolladas ven cómo envejece su población, lo que genera presión económica sobre los asalariados, debido al pago creciente de jubilaciones y los costos del cuidado de la salud de los mayores.

En Estados Unidos, la inmigración debería duplicarse para mantener estable en el actual 67% la tasa de la población económicamente activa, según afirma George Magnus, asesor económico de la UBS, de Londres.

La última gran amnistía para los ilegales fue otorgada en 1986, cuando el presidente Ronald Reagan legalizó a cerca de tres millones que ya residían en el país. Numerosos estudios demuestran que a partir de ese momento, el salario de esos trabajadores aumento significativamente.

Traducción de Jaime Arrambide

Edward Krudy