Para las familias de desaparecidos, "la muerte no se decreta por ley"

Las madres de las víctimas de la dictadura se oponen al proyecto del gobierno.
Jorge Elías
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31 de marzo de 2000  

MONTEVIDEO.- Es saludable, para los familiares de los desaparecidos uruguayos, que el gobierno de Jorge Batlle procure cerrar las heridas que han quedado abiertas desde la dictadura militar. Pero no deja de ser preocupante, reponen, que todo termine en actas de defunción y en resarcimientos económicos. Eso significaría, en principio, que no habría investigaciones sobre el destino de los detenidos y de los bebes nacidos en cautiverio, sino una especie de punto final.

"La muerte no se decreta por ley", redondeó ayer, en una entrevista con La Nación , Luz Ibarburu, miembro de la agrupación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Fedefam-Uruguay).

Su hijo, Juan Pablo Recagno, estudiaba arquitectura en Montevideo. Lo detuvieron, y, una vez en libertad, emigró hacia la Argentina. En Buenos Aires consiguió empleo como dibujante y ceramista. Desapareció en octubre de 1976, tenía 25 años. Un sobreviviente, radicado ahora en Canadá, dijo que estaba con otros uruguayos en el centro clandestino Automotores Orletti. La señora Ibarburu no supo más de él, pero tampoco está dispuesta a darlo por muerto.

Es la suerte que corrieron varios de sus compatriotas. La dictadura campeó en el Uruguay entre 1973 y 1985. De una lista de 167 desaparecidos que preparó el primer parlamento después del régimen surge que se registraron 127 casos en la Argentina, 32 en el Uruguay, tres en Chile y dos en Paraguay. Entre ellos había ocho chicos, cinco de los cuales han aparecido en nuestro país.

"El sistema de represión uruguayo no era la desaparición, sino la cárcel y la tortura -explicó la señora Ibarburu-. En la Argentina se aplicaba la desaparición, pero tanto allá, con el juicio a las juntas, como en Chile hubo investigaciones. En el Uruguay no."

Todo era parte del Plan Cóndor, multinacional del crimen, en contra de la izquierda, de la cual eran miembros activos los regímenes de Chile, la Argentina, el Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia.

Posible mea culpa

El paso que piensa dar Batlle, de común acuerdo con Tabaré Vázquez, su rival de la izquierda en las últimas elecciones, consistiría en pedir perdón por los excesos cometidos por los militares. Pero, según confiaron a La Nación fuentes gubernamentales, el posible mea culpa no sería en nombre de la institución, sino del Estado, de modo de no herir susceptibilidades.

"Es complejo -interpretó la señora Ibarburu-. No se va a juzgar a los militares que estuvieron involucrados. Están en órbita los responsables. Algunos de ellos, en cargos destacados."

En el gobierno, de hecho, reina el silencio sobre la iniciativa. Un funcionario de alto rango se disculpó con La Nación : "Jorge Batlle es el único autorizado para hablar de este asunto tan sensible y delicado -dijo-. Es la orden que nos dio". Los militares, a su vez, aducen que no tienen idea sobre los detalles.

Batlle, sin embargo, parece estar dispuesto a ir un paso más allá que sus antecesores: su correligionario Julio Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), del Partido Colorado, y Luis Lacalle (1990-1995), del Partido Nacional. En la campaña proselitista se rumoreaba que iba a ser un tema picante en su gestión, pero pocos esperaban que se ocupara de él menos de un mes después de la asunción, el 1º del actual.

"Hace más de dos décadas que buscamos la verdad -reza una carta de Fedefam-Uruguay fechada ese mismo día-. Aun la más dura verdad es preferible a la angustia del ocultamiento y a la mentira, que eternizan el dolor y la duda. Nuestros familiares no desaparecieron en una confrontación armada, como se pretende; fueron desaparecidos después de que las fuerzas armadas declararon haber derrotado a la subversión."

Preguntas básicas

Tanto Sanguinetti, en sus dos períodos presidenciales, como Lacalle, mantuvieron el perdón implícito a los responsables merced a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, refrendada en un plebiscito popular. Pero esa ley, en su artículo cuarto, promueve una investigación sobre los desaparecidos que nunca se realizó.

De ahí que los familiares, respaldados por sindicatos y por partidos de izquierda, insistan ahora con cuatro preguntas básicas: cuándo, dónde, cómo y por qué; y demanden, por ello, un pronunciamiento oficial y público de las autoridades, en especial sobre el destino de los chicos.

En círculos gubernamentales se comenta que Batlle querría resolver el tema antes del 27 de junio, aniversario del golpe de Estado de 1973.

Puede que la fórmula que considera Batlle no convenza a todos, pero no deja de ser otro paso, o un correlato, después de que el fundador del Frente Amplio, Líber Seregni, confinado a 12 años de prisión durante la dictadura, admitió que ambos bandos (militares y subversivos) cometieron errores.

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