Pedirán un depósito de 600.000 euros a la infanta Cristina

La hija del rey de España declarará pasado mañana por el caso de corrupción que afecta directamente a su marido, Iñaki Urdangarin, investigado por estafa de dinero de los fondos públicos
La hija del rey de España declarará pasado mañana por el caso de corrupción que afecta directamente a su marido, Iñaki Urdangarin, investigado por estafa de dinero de los fondos públicos
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6 de febrero de 2014  • 16:31

PALMA DE MALLORCA, (España) EFE.- La Fiscalía Anticorrupción pedirá a la infanta Cristina, segunda hija del rey de España, 600.000 euros (unos 810.000 dólares) en concepto de responsabilidad civil en el marco de la investigación que lleva a cabo un juzgado de Palma (Islas Baleares, Mediterráneo).

La petición figura en el escrito de acusación del caso Nóos que está elaborando la Fiscalía Anticorrupción con vistas a finalizar la instrucción de esta causa, ya que la declaración de la infanta Cristina como imputada el próximo sábado podría ser una de las últimas diligencias que se practiquen.

Cristina de Borbón comparecerá el sábado próximo ante un juez de Palma imputada por un presunto delito fiscal en relación con la gestión de la empresa Aizoon, de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin, también imputado.

La investigación intenta determinar si a Aizoon llegó dinero de los fondos públicos presuntamente malversados entre 2003 y 2007 por el Instituto Nóos, presidido por Urdangarin, según fuentes judiciales. Los 600.000 euros solicitados por la fiscalía son la mitad de lo percibido por la empresa Aizoon de los fondos supuestamente procedentes de Nóos.

La Justicia quiere saber Cristina de Borbón, "ha podido hacer uso para la rehabilitación de su vivienda de Barcelona u otras atenciones personales y familiares de fondos derivados" de la empresa llamada Aizoon, con la que ella y su marido gestionaban su patrimonio.

El año pasado el juez instructor impuso a Urdangarin una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros (casi once millones de dólares). La infanta debería hacer frente a la responsabilidad civil pecuniaria en caso de que Urdangarin fuera condenado.

La Fiscalía considera que la infanta Cristina no cometió ningún delito penal, pero sí que tendría que responder pecuniariamente por haberse beneficiado como propietaria al cincuenta por ciento de Aizoon con su marido, Iñaki Urdangarin, de los fondos públicos presuntamente desviados aunque no supiera de su origen ilícito.

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