Polémica por las centrales argentinas

La emergencia nuclear que tiene en vilo a Japón y al mundo volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el uso de la energía atómica para la generación de electricidad. La Argentina cuenta con dos centrales que están funcionando -Atucha I, en Lima, partido de Zárate, y Embalse, en Córdoba-, que proporcionan cerca del 8% de la energía distribuida por el sistema interconectado nacional. Existe una tercera central nuclear, Atucha II, en la etapa final de construcción.

Para la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que controla y fiscaliza las aplicaciones de este tipo de energía en la Argentina, "no podría ocurrir en el país un accidente similar al que ocurrió en Japón". Sin embargo, las organizaciones ambientalistas afirman que las plantas locales no están exentas de sufrir desperfectos.

"La Argentina y sus centrales nucleares están lejos de zonas con fallas geológicas activas, como el caso de la unión de las placas tectónicas existentes en Japón. El diseño de nuestros reactores es diferente del de los reactores afectados. Por ejemplo, los nuestros poseen un circuito de moderación, lo que permite contar con un inventario de agua mucho mayor en el momento de refrigerar. Además, las centrales nucleares argentinas, por ser de uranio natural o levemente enriquecido (y no del grado de enriquecimiento como en Japón), tienen una potencia específica menor, lo que permite trabajar siempre con escenarios accidentales de evolución menor", explicó a La Nacion el ingeniero Jorge Calvo, especialista en Seguridad Nuclear de la ARN.

Y agregó: "Finalmente, hay que destacar que nuestros sistemas de contención [la protección de los reactores] son técnicamente mejores".

Críticas de ambientalistas

En Greenpeace Argentina, relativizan estos datos. "La Argentina no está exenta de los riesgos que entraña la actividad nuclear. Tanto las plantas de Embalse y Atucha I como otras instalaciones registran en su historia incidentes que han afectado a operarios y pudieron derivar en accidentes mayores. Nuestro país, como sucede en el resto del mundo, no tiene ningún plan de gestión de los residuos altamente radiactivos que, por ahora, permanecen alojados en las propias plantas. Las minas de uranio han dejado un pasivo ambiental en diferentes puntos del país que aún no ha sido resuelto, a pesar que se que ahora se quiere reactivar la minería de uranio para la exportación", sostuvo Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace.

Calvo indicó: "El funcionamiento de las plantas es fiscalizado de manera permanente por la ARN, mediante dos inspectores residentes en cada una de ellas. Ellos se encargan de verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la seguridad".

Para Rubén Darío Sbarato, físico y director de la carrera de Ciencias Ambientales de la UTN, la pregunta debe ser qué sucedió en Japón. "Al país que más investigó, que basó su sistema energético en la energía nuclear y que hasta importa desechos atómicos de otros países le está sucediendo esto. Creo que este tipo de energía, ante la crisis de combustibles fósiles, es una clara alternativa para países como los europeos, con poco territorio, donde las energías limpias no alcanzan a reemplazar al petróleo y al carbón", dijo. Sin embargo, para la Argentina, el escenario es diferente según Sbarato: "No me parece que haya que avanzar más. Tenemos un territorio extenso con buenos ríos, buenos vientos, potencial geotérmico y escasa población. Con las tres centrales que habrá es suficiente".

Villalonga fue más allá: "Lamentablemente, en estos últimos años se está reviviendo el viejo plan nuclear de la dictadura: se promete inaugurar Atucha II, un proyecto de la junta militar de 1981; se han reabierto los laboratorios de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu; se pretende construir el reactor Carem, en Formosa, que deriva del proyecto de construcción de un submarino nuclear y que, modificado, se ha intentado vender desde la década del 80 como mini-central, aunque no existe mercado para él. Todos, proyectos que sólo existen mediante enormes subsidios del Estado".