Puigdemont se refugia en Bruselas ante el avance firme de la intervención

MADRID.- En otro giro desesperado de su fallido plan separatista, el ex presidente catalán Carles Puigdemont se refugió ayer en Bruselas con la intención de internacionalizar la crisis que alcanzó el clímax el viernes pasado con la declaración de independencia votada por el Parlamento regional.

El viaje se conoció minutos antes de que la Fiscalía General del Estado presentara una querella por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont, todo su gabinete y las principales autoridades legislativas. Un total de 20 personas se enfrentan a un proceso por delitos sancionados con penas de hasta 30 años de cárcel.

¿Busca el líder separatista eludir una posible detención? Las versiones de que pedirá asilo a Bélgica -algo insólito entre países de la Unión Europea (UE) - cobraron fuerza a lo largo del día. Un abogado belga que defendió a terroristas de ETA anunció anoche que asumirá su representación y que en las próximas horas Puigdemont dará explicaciones públicas.

Lo acompañan cinco de quienes hasta el viernes eran sus consellers (ministros): Joaquim Forn (Interior), Meritxell Borràs (Gobernación), Antoni Comín (Salud), Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Serret (Agricultura).

Mientras ellos ejecutaban su salida, los dos principales partidos independentistas -Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partit Demòcrata (PdeCAT)- anunciaron que concurrirán a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre convocadas por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy . Era una aceptación tácita del orden legal.

Barcelona amaneció en un clima de llamativa normalidad en el primer día hábil de la intervención. Los funcionarios destituidos por Rajoy fueron a retirar sus cosas a sus despachos, a los que después fueron llegando quienes asumirán las funciones.

Puigdemont jugaba al misterio. A primera hora publicó en las redes sociales una foto tomada desde la ventana de su despacho del Palacio de la Generalitat. "Buen día", decía el texto. Pero había algo raro: el cielo en la imagen se veía nublado, pese a que estaba absolutamente despejado a esas horas en el centro de Barcelona.

La verdad se supo después del mediodía. Puigdemont había cruzado la frontera en auto. En Marsella se subió a un avión con destino a Bruselas, acompañado por Forn, Borràs, Comín, Bassa y Serret.

No es casual el destino. En Bélgica el independentismo cuenta con el apoyo del partido nacionalista flamenco (N-VA), que forma parte de la compleja coalición que gobierna el país. El secretario de Estado de Asilo y Migración, Theo Francken, lo había invitado en público a presentarse en Bélgica a pedir refugio. El primer ministro, el valón Charles Michel, lo desautorizó cuando se supo que Puigdemont ya estaba en su territorio.

Jugada

La jugada del líder destituido puede detonar una crisis de alcance europeo. Bélgica es el único país de la UE que acepta considerar peticiones de asilo de ciudadanos de otros países comunitarios. Los demás las rechazan in limine al considerar que en todo el entorno europeo rigen amplias garantías democráticas.

El equipo jurídico de Puigdemont le recomendó permanecer en Bruselas para forzar a la justicia española a "precisar muy bien" las acusaciones que lo señalan como el jefe de una rebelión. Si decide quedarse allí, España debería tramitar una orden de detención internacional y pedir la extradición.

El abogado belga Paul Beckaert confirmó que se había entrevistado ayer con el ex presidente para asesorarlo. Se trata de un penalista que cuatro años atrás consiguió evitar la extradición a España de la etarra prófuga Natividad Jauregui.

La cárcel es un destino posible para Puigdemont. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pidió que la Audiencia Nacional lo cite "con urgencia" como responsable de "decisiones y actos que han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia, con total desprecio a la Constitución".

En el entorno independentista se ilusionan con la formación de un "gobierno en el exilio", como ocurrió durante el franquismo. El primero en expresarlo fue el popular cantautor y diputado destituido Lluís Llach.

Al haber sido cesado en sus cargos, tanto Puigdemont como sus consellers perdieron los fueros, por lo que el caso será tramitado en Madrid . Según aclara Maza en su escrito de 118 páginas, si los acusados no se presentan a declarar, se ordenará su detención inmediata. Además, se reservó el derecho de pedir medidas cautelares después de que comparezcan ante la jueza Carmen Lamela. La prisión preventiva podría ser una de ellas.

Uno de los motivos que podrían justificarla es el riesgo de fuga. Por eso, la decisión de Puigdemont de instalarse en Bruselas podría complicar su situación procesal más de lo que ya lo está. "No puedo garantizar que el presidente vaya a presentarse a declarar", dijo anoche su abogado personal, Jaume Alonso.

El gobierno de Rajoy por el momento le resta importancia. "El señor Puigdemont no tiene restringidos sus movimientos", dijeron fuentes del ministro del Interior.

El fiscal Maza acusó también por los mismos delitos graves a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y a los miembros de la mesa de conducción de la cámara. Como ellos siguen en funciones hasta las elecciones -y, por ende, tienen fueros- los juzgará el Tribunal Supremo.

Para cada uno de los 20 querellados pidió una fianza de 6,2 millones de euros, a tono con la gravedad de la condena que podría caberles.

No dejó dudas de su determinación. El comunicado oficial de prensa que envió la Fiscalía General para anunciar las denuncias tenía un título más que sugestivo: "Más dura será la caída".