Rechazo de la región y de EE.UU., que anticipa sanciones al petróleo

Mientras el gobierno de Nicolás Maduro atribuía la crisis venezolana a una "guerra económica" y a una "infección capitalista", la comunidad internacional cerró filas contra el régimen al desconocer las elecciones como un proceso ilegítimo y fuera del marco democrático.

Los últimos días vieron confirmados los pronósticos de un desconocimiento mayoritario de los países latinoamericanos y europeos, así como de Estados Unidos, que anticipó sanciones vinculadas al sector petrolero y prometió que planteará el caso venezolano ante el G-20.

Washington le había pedido al gobierno de Maduro que cancelara las "supuestas elecciones" desde que fueron convocadas, y ayer las descalificó por todo lo alto. "La farsa de las elecciones no cambia nada. Necesitamos que la gente venezolana controle este país, una nación con demasiado que ofrecer al mundo", dijo en su cuenta de Twitter el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El número dos de la diplomacia de Washington, el subsecretario John Sullivan, dijo por su parte que estudian la aplicación de sanciones petroleras, el principal activo y la fuente de divisas del país.

"Tenemos que asegurarnos de adherir a nuestro objetivo, que es apuntar a los funcionarios corruptos del régimen y no al pueblo venezolano", señaló. "No queremos dañar al país de una forma que sea difícil de reparar luego de que la democracia sea restaurada".

Sullivan precisó que las sanciones petroleras serían "un paso significativo" y que "están bajo revisión activa". También anunció que prevé discutir una respuesta a las elecciones en la reunión de cancilleres del G-20 entre hoy y mañana en Buenos Aires.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró ayer que su país no reconocerá las elecciones porque "no cumplen con estándares mínimos de una verdadera democracia". Chile forma parte del llamado Grupo de Lima, un bloque de 13 naciones creado específicamente para buscar soluciones democráticas a la crisis venezolana.

El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, cuyo gobierno integra también ese grupo regional, cuestionó la legitimidad del proceso electoral y recordó a LA NACION que en el Mercosur ya se aplicó "una suspensión a Venezuela por violar los principios democráticos y los derechos humanos conforme a los protocolos internacionales".

También una mayoría de miembros de la OEA condenó el llamado a elecciones e invalidó el proceso concluido ayer. Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA, consideró que las elecciones venezolanas "no cuenta actualmente con condiciones mínimas necesarias para la realización de elecciones libres, justas y confiables".

La Unión Europea (UE) había expresado su rechazo a principios de mayo, al advertir que no reconocería los resultados de las elecciones porque no le ofrecían garantías a la oposición. Una oposición que llegaba a esta instancia con líderes presos, dirigentes inhabilitados y partidos fuera de juego, además del riesgo de fraude.

"Pese a la suspensión de las negociaciones de Santo Domingo de manera indefinida [entre el gobierno chavista y la oposición], el gobierno venezolano ha decidido adelantar las elecciones al 20 de mayo. Ese proceso no garantiza elecciones justas", denunció en su momento la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini.

Los emigrantes venezolanos que escaparon de la debacle social, y que conforman una diáspora cercana al millón de personas en medio mundo, dieron la nota más explícita del rechazo a las elecciones y al triunfalismo chavista, alzando la voz con un alud de manifestaciones en 120 ciudades, entre ellas Buenos Aires.

Agencias DPA, AFP y ANSA