Reclamo de Chile a la ONU por Pinochet

Carta: el gobierno de Frei pidió que se respete la territorialidad de la Justicia y la soberanía nacional.

31 de diciembre de 1998

SANTIAGO, Chile (EFE).- El gobierno chileno instó a la comunidad internacional a resistir intentos de aplicar extraterritorialmente sus leyes nacionales, como lo está haciendo España con el caso del ex dictador Augusto Pinochet.

En una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, el gobierno de Santiago advirtió también sobre el peligro "de que los Estados más poderosos se erijan en justicieros de los más débiles".

La misiva forma parte de las medidas anunciadas por las autoridades chilenas luego de que el ministro del Interior británico, Jack Straw, dio luz verde al juicio de extradición de Pinochet a España. La carta fue difundido ayer por el diario El Mercurio, de Santiago.

Pinochet fue detenido el 16 de octubre en Londres por pedido del juez español Baltasar Garzón, que solicitó la extradición del ex dictador y lo procesó por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

El gobierno chileno reclama que el ex militar sea dejado en libertad sobre la base de la territorialidad de la Justicia y la inmunidad diplomática del senador vitalicio.

La carta a Annan afirma que la tendencia a la universalización de la Justicia y los derechos humanos "no puede llevarse a cabo en detrimento de la soberanía de los Estados y su igualdad jurídica".

"De vulnerarse estos principios con acciones unilaterales, la universalidad de la jurisdicción se convertiría en un factor de anarquía internacional, que permitiría a los Estados más poderosos arrogarse la facultad de ser, selectivamente, justicieros de los más débiles", añade.

"La comunidad internacional no puede aceptar esta situación", sostiene la misiva.

Situación perturbadora

Asimismo, plantea que el intento de juzgar a Pinochet fuera de Chile produce "serias perturbaciones en el proceso de transición democrática y de reconciliación nacional".

En ese sentido, puntualiza que la mayoría de los chilenos está convencida de que la convivencia democrática está ligada a su capacidad de cerrar heridas del pasado y lograr la reconciliación nacional, "lo que no pasa por evitar la administración de justicia".

Sobre este punto, la carta admite que "es indispensable investigar los asuntos aún pendientes, especialmente los casos de personas desaparecidas en la década de los años setenta, haciendo justicia en el marco de nuestro ordenamiento jurídico".

La misiva también recuerda que desde la recuperación de la democracia, en 1990, Chile ha apoyado el fortalecimiento de la protección internacional de los derechos humanos, y que ha sido uno de los más activos defensores de la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI).

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