Revuelo en España por un proyecto de ley para sancionar las protestas

La norma que el oficialismo someterá al Parlamento incluye multas por miles de euros a quienes participen en manifestaciones no autorizadas ante edificios públicos
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30 de noviembre de 2013  

MADRID.- Para el gobierno español es un proyecto de "protección de seguridad ciudadana", y con ese nombre fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros.

Sus críticos, sin embargo, lo definen como una norma de "represión ciudadana", ya que entre sus cláusulas e infracciones está la penalización con miles de euros de multa por participar de manifestaciones no autorizadas frente a edificios oficiales, en un país en crisis donde las marchas son casi diarias, dese hace unos años.

El objetivo de la ley es "fortalecer la garantía de las libertades públicas y la seguridad pública", señaló ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, luego de someter el proyecto a sus pares del Consejo de Ministros, que le dieron el visto bueno y lo derivaron para debatir en el Parlamento. La nueva ley sancionará "de manera más eficaz las conductas que constituyen amenazas para la seguridad ciudadana y que han evolucionado mucho" en las últimas décadas, agregó.

Las críticas de políticos opositores y el revuelo de las últimas semanas no lograron contener hasta el momento el avance del proyecto del gobierno, que impone una nueva fórmula para mantener el orden en las calles de las ciudades españolas. Se trata de dividir las infracciones en tres categorías: leves, graves y muy graves. Cada categoría tiene su multa correspondiente.

Lo más que obtuvieron los detractores del nuevo reglamento fue que el Ejecutivo cambiara la categoría que corresponde a las manifestaciones públicas, centro de todas las críticas, que bajaron en el escalafón de sanciones del nivel "muy grave" (de 30.001 a 600.000 euros) a "grave" (de 1001 a 30.000). Las multas leves van de 100 a 1000 euros.

La multa por participar en protestas no autorizadas había enfurecido a la oposición, entre otros motivos, porque la Cámara de Diputados de Madrid se había convertido en uno de los escenarios simbólicos de las protestas contra las políticas de austeridad del gobierno del conservador Mariano Rajoy.

Pero el nuevo texto edulcorado y rebajado no aplacó las críticas. Antonio Hernando, dirigente del Partido Socialista, denunció la "deriva autoritaria" del Partido Popular, en el poder desde fines de 2011.

Elena Valenciano, también del Partido Socialista, dijo que la ley "se suaviza porque era completamente absurdo pedir 600.000 euros a nadie por manifestarse delante del Congreso. Es una cosa de locos pensar que alguien puede pagar 600.000 euros, tampoco 30.000".

"Pero lo importante es lo que tiene en el fondo una ley que quiere reprimir el derecho de manifestación de la gente", agregó Valenciano. "En otros países europeos hay de verdad problemas de violencia, pero no es el caso de España. En España, la gente se manifiesta generalmente con mucha tranquilidad y esto parece casi una provocación del ministro del Interior.

El texto incluye sanciones para un amplio abanico de actos, desde quemar contenedores hasta solicitar servicios de prostitución delante de una escuela o apuntar con rayos láser a pilotos de avión, maquinistas de tren o choferes de colectivos.

Fuera de ese muestrario de infracciones, la oposición también logró que se suavizara la condena por insultar a agentes de policía y la difusión de imágenes que puedan atentar "contra su seguridad o su honor". Este rubro se saltó dos categorías y pasó de "muy grave" a "leve" en el proyecto aprobado ayer en el Consejo de Ministros.

Por el contrario, se definen como "infracciones graves" las "ofensas a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito".

Otro de los puntos polémicos de la ley es que faculta a la policía a establecer perímetros de seguridad para vetar el paso de coches o personas por determinada zona. En la versión final se introdujeron límites: "Cuando existan indicios racionales de que pueda producirse una alteración" y "por el tiempo mínimo imprescindible". Entre los críticos también se hizo oír Greenpeace, que ayer denunció un "recorte de los derechos fundamentales".

Agencia AFP y diario El País

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