Se extiende la violencia en Perú: secuestran a otro alcalde

Es el segundo caso en menos de dos días; la policía retomó el control en el sur del país
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28 de abril de 2004  

LIMA.- Indígenas aguarunas tomaron ayer como rehenes a otro alcalde y a varios de sus funcionarios en la remota región amazónica peruana, mientras que en el sur del país la policía retomó el control en la convulsionada localidad de Ilave, en la que una multitud enardecida asesinó anteanoche al intendente local, al que se acusó de corrupción, y a un concejal.

"La situación es difícil en diversas partes del país", admitió el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, al referirse al nuevo foco de conflicto, tras la crisis en Ilave, en el departamento de Puno, cerca de la frontera con Bolivia.

Allí, una turba asesinó anteayer a dos personas -entre ellas el alcalde- y secuestró por lo menos a unas 19, algunas de las cuales continuaban desaparecidas. Otras once resultaron heridas en los violentos incidentes, en los que los indígenas aymaras atacaron una comisaría y provocaron numerosos daños materiales.

"Hay un mecanismo de contagio que es muy peligroso", señaló Rospigliosi al referirse al secuestro de Oswaldo Peralta, alcalde del poblado amazónico de Cahuapana, en una remota zona amazónica -unos 800 kilómetros al norte de Lima-, el segundo intendente tomado como rehén en menos de dos días, a la vez que anunció que el gobierno había enviado una delegación para resolver la crisis.

Peralta fue secuestrado junto con otros dos funcionarios por indígenas aguarunas que habían pedido que se revocaran los mandatos de las tres autoridades y habían juntado firmas con ese fin, sin obtener resultado alguno.

Mientras tanto, en Ilave ayer reinaba un ambiente de tensa calma. Miles de aymaras se congregaron en la plaza de armas y recibieron con insultos y amenazas a unos 200 policías enviados desde las ciudades de Cuzco y Arequipa con objeto de sofocar el levantamiento popular, que estalló tras una huelga de más de 20 días a partir de acusaciones de corrupción contra el gobierno municipal.

El hospital regional fue declarado en alerta rojo ante el temor de que se produzcan nuevos hechos de violencia y la Dirección Regional de Educación suspendió las clases en todos los colegios de la provincia de Collao, perteneciente a la región de Puno.

Según indicó un vocero policial, la protesta indígena se salió de control cuando el alcalde Fernando Cirilo Robles "fue sacado a la fuerza de la vivienda en la que se encontraba reunido junto con tres regidores [concejales], paseado por las calles y atado a un poste de luz. Luego fue encontrado muerto debajo de un puente".

En la autopsia se comprobó que Robles, un profesor universitario de 45 años al que se acusaba de malversación de fondos públicos, murió desangrado tras ser golpeado ferozmente.

El incidente desató una ola de críticas hacia el gobierno central en Lima, al que algunos sectores acusan de no haber tomado medidas tiempo, a pesar de que los habitantes de Ilave -unos 20.000- habían reclamado un cambio de alcalde en varias oportunidades.

Fuerzas de la oposición, como el Partido Aprista Peruano y Unidad Nacional, solicitaron la renuncia de Rospigliosi, a quien acusaron de permitir que "se incubase una situación de violencia y de caos".

Un problema de fondo

El levantamiento puso en el centro del debate un problema de fondo: el de la representación política de los indígenas en Perú. "Ellos miran lo que pasa en Bolivia y comparan. En Bolivia los aymaras tienen una gran representación parlamentaria y acá no", consideró el congresista por el departamento de Puno Johnny Lescano.

En este sentido, varios dirigentes anónimos de Ilave acusaron ayer a las autoridades de Lima de no escuchar sus reclamos, al tiempo que reclamaron que Ilave pase a formar parte de Bolivia, país donde el movimiento indígena es un actor clave de la vida política.

El antropólogo Rodrigo Montoya opinó que los incidentes registrados en varias comunidades indígenas obedecen "al hartazgo absoluto respecto de la clase política que gobierna el país" y que se ve reflejado en las últimas encuestas de opinión, en las que el presidente Alejandro Toledo aparece con apenas un 10 por ciento de imagen positiva en Lima.

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