Terminó el histórico juicio a los separatistas catalanes, que no dan el brazo a torcer

En Barcelona, el juicio se siguió ayer en pantalla gigante
En Barcelona, el juicio se siguió ayer en pantalla gigante Fuente: LA NACION
El veredicto se dará a conocer en septiembre; el tribunal debe decidir si permite que Junqueras asuma como eurodiputado
Silvia Pisani
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13 de junio de 2019  

MADRID.- Con la atención exhausta luego de cuatro meses de sesiones y la declaración de más de 400 testigos, llegó al final el juicio contra doce separatistas catalanes acusados de graves delitos por la fallida independencia de la región y queda ahora esperar una sentencia que difícilmente ocurra antes de septiembre.

Para muchos, es el proceso con más relevancia política y social en décadas. Lo que empezó cargado de política terminó empapado en ella: los doce acusados usaron su último turno de palabra para denunciar que todo es una farsa. Que no han cometido delito y que se los persigue por sus ideas y no por sus actos.

"Muchas gracias a todos, pueden retirarse", dijo Manuel Marchena, el presidente de la sala del Tribunal Supremo que llevó a cabo el proceso antes de darlo por concluido.

Uno por uno los acusados salieron del recinto. Nueve de ellos, a esperar la sentencia en la prisión provisional que cumplen desde hace más de un año. Los otros tres, a sus casas, a aguardar lo mismo y aun antes de que el veredicto llegue ya lo ponen en duda.

"Llamo a los catalanes a resistir el fallo", dijo el presidente del gobierno regional catalán, Joaquín Torra, quien vino especialmente a Madrid para la jornada final.

Torra llamó a los periodistas para dictar una "declaración institucional" en la que aseguró que la Justicia española "hace rato que perdió el respeto por la democracia y por los valores fundamentales".

Insistió en que ocurra lo que ocurra "no ayudará" a la situación y que "nada la hará variar" porque "seguimos en el irrenunciable propósito de la independencia".

A los siete magistrados -seis hombres y una mujer- les toca ahora reunirse, deliberar, repasar notas y llegar a un veredicto unánime. Pero antes de eso tienen varios temas conflictivos para resolver en relación con el conflicto catalán.

Varios de los procesados pidieron esperar la sentencia en libertad en lugar de hacerlo en prisión provisional y a eso deben dar respuesta.

Más complejo aún es el expediente del procesado exvicepresidente catalán que declaró la fallida independencia, Oriol Junqueras.

El tribunal debe decidir en los próximos días si le permite o no recoger el acta que convalida a Junqueras como diputado europeo. Algo que, de producirse, tendrá impacto en la eventual condena que resulte del juicio.

A Junqueras ya se le permitió recoger su acta de diputado nacional. Pero luego fue suspendido en sus funciones por el cuerpo legislativo por encontrarse procesado.

Si se convierte en eurodiputado, la tramitación de una condena es más compleja. Por eso la fiscalía propone que no se le permita el trámite, mientras que la abogacía del Estado -que responde al Poder Ejecutivo- opina lo contrario.

Los partidos de oposición al socialista Pedro Sánchez olfatean ya que hay allí un "precio a pagar" a cambio de su investidura como presidente, según denunció el líder del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado.

Los independentistas fueron procesados por los hechos ocurridos en octubre de 2017 en Cataluña, por el referéndum "ilegal" al que convocaron y por la posterior declaración de independencia. La fiscalía calificó lo sucedido como un "golpe de Estado" en medio de "un clima insurreccional".

Ellos lo niegan y sostienen que la violencia "solo fue" de la policía española. Más de 200 videos para probar las conductas de unos y otros se vieron en la sala.

En un proceso sin precedente, además del exvicepresidente Junqueras, el banquillo incluyó a la extitular del Parlamento regional, Carmen Forcadell.

Para ellos se piden las penas máximas -hasta 25 años de cárcel- al igual que para "Los Jordis", tal como se conoce a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, titulares de plataformas sociales de activa participación en los hechos que desembocaron en la fugaz ruptura con el resto de España.

La acusación también incluye a los exconsejeros Joaquín Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Romeva y Dolores Bassa, a quienes rebaja pena por entender que su compromiso fue menor. Lo mismo ocurre con Santi Vila, exconsejero de Economía, uno de los pocos que hicieron algo de autocrítica.

El resto del elenco está integrado por los exfuncionarios Carles Mundó y Meritxell Borrás. Todos coincidieron en lo mismo: que son presos políticos e inocentes.

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