Tras las críticas, Bolsonaro modera el decreto de portación de armas de fuego

Con una orden ejecutiva revisada, dio marcha atrás en las facilidades para adquirir fusiles de asalto por parte de civiles
Bolsonaro, ayer, rodeado de periodistas en el Palacio del Planalto
Bolsonaro, ayer, rodeado de periodistas en el Palacio del Planalto Fuente: AP - Crédito: Eraldo Peres
Con una orden ejecutiva revisada, dio marcha atrás en las facilidades para adquirir fusiles de asalto por parte de civiles
Alberto Armendáriz
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23 de mayo de 2019  

RÍO DE JANEIRO.- Ante las críticas y cuestionamientos que recibió su decreto para flexibilizar la portación de armas de fuego en Brasil, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dio ayer marcha atrás en algunos puntos de la medida, sobre todo en la polémica brecha que permitía que civiles adquirieran fusiles de asalto como los que son utilizados comúnmente en matanzas escolares en Estados Unidos.

A través de un nuevo decreto revisado, se "prohíbe expresamente" la concesión de fusiles, carabinas y escopetas a ciudadanos comunes, que solo podrán adquirir armas de menor calibre, como revólveres y pistolas.

La resolución anterior, firmada por el presidente el 7 de mayo, había ampliado el derecho de portación de todas las armas a un gran número de categorías civiles, como políticos con cargos electivos, abogados, camioneros, residentes de áreas rurales y hasta periodistas que cubran casos policiales, siempre y cuando cumpliesen con los requisitos establecidos en el estatuto de desarme (2003): certificado de ausencia de antecedentes penales; comprobantes de aptitud técnica y capacidad psicológica, y un justificante de "efectiva necesidad", que sería ya preaceptado para esas nuevas categorías.

El decreto alterado mantiene ahora solamente para los residentes rurales la posibilidad de comprar esas armas largas. También se modificó la norma que permitía que los menores de edad pudieran practicar tiro deportivo sin autorización judicial. Ahora solo podrán hacerlo los mayores de 14 años, y con permiso escrito de sus padres.

Asimismo, mientras la anterior resolución abría la puerta para que personas con autorización del Ministerio de Justicia abordaran vuelos armadas, se volvió a la situación vigente hasta ahora, que otorga esa responsabilidad a la Agencia Nacional de Aviación Civil.

Desde que Bolsonaro emitió el decreto, dos semanas atrás, la medida recibió un alud de críticas de especialistas en violencia y cuestionamientos del Supremo Tribunal de Justicia, del Congreso, de 14 gobernadores y hasta de aerolíneas extranjeras. Bolsonaro siempre impulsó la flexibilización de la portación de armas como un derecho para la legítima defensa y para combatir el aumento de la criminalidad en el país.

"Este decreto publicado hoy [por ayer] atiende algunas de las críticas que fueron formuladas en relación con el decreto de dos semanas atrás. Restringe un poco aquella flexibilización. Hubo una crítica de que tal vez hubo ahí algunos excesos y el Palacio del Planalto fue sensible a esos cuestionamientos", señaló el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro.

De acuerdo con el funcionario, en las próximas semanas el Comando del Ejército hará una clasificación exacta de las armas que podrán ser adquiridas por cada una de las categorías con derecho de portación.

Respecto de las armas, en los últimos días había causado mucha sorpresa la constatación de que la nueva legislación autorizaba a que ciudadanos comunes compraran fusiles de combate hasta ahora restringidos a la policía y los militares, y que han sido usados por atacantes en Estados Unidos en las ya tristemente regulares masacres escolares. Desde la firma del decreto anterior, la principal empresa fabricante de armas en Brasil, Taurus, recibió 2000 pedidos de su rifle semiautomático T4 y el aumento de la demanda llevó a que las acciones de la compañía subiesen casi un 8%.

Pese a las alteraciones del decreto, expertos legales apuntaron ayer que sigue siendo inconstitucional, ya que una legislación federal como el estatuto de desarme solo podría ser modificada o derogada por decisión del Congreso.

El Supremo Tribunal de Justicia aún tiene que expresarse al respecto.

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