Un camino con final imprevisible

Por Juan Castro Olivera De la Redacción de LA NACION
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29 de mayo de 2003  

Con una débil base de apoyo popular y sin capacidad de respuesta al creciente conflicto social, el temor de ver diluido su poder llevó al presidente Alejandro Toledo a dejarse vencer por la misma tentación a la que sucumbió Alberto Fujimori: militarizar el sistema político peruano con tal de asegurar su supervivencia.

Con un rechazo a su gestión que hoy alcanza al 85 por ciento de la población, el presidente de ascendientes incaicos no dudó en recurrir a los uniformados para mantener la situación bajo control.

Toda una paradoja para un hombre que llegó al gobierno levantando las banderas de la reinstauración democrática en el país y del fin de un fujimorismo que durante una década supo imponer sus modos por el temor de fuerzas militares dominadas a voluntad por el jefe de inteligencia del régimen, Vladimiro Montesinos.

Toledo barrió rápidamente los rezagos de aquella red mafiosa que Montesinos había diseminado en las tres fuerzas armadas y la policía nacional.

Igual que Fujimori, que encerró al líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán y otros mil guerrilleros, el actual presidente puso tras las rejas a Montesinos y a muchos de sus cómplices.

Mientras prometía devolver al país las libertades civiles y los derechos humanos vulnerados durante años, Toledo logró poner en buen estado de salud la macroeconomía peruana. Sus logros recibieron elogios en Washington, pero resultaron totalmente ignorados por una mayoría de la población que vive del trabajo informal y está muy lejos de abandonar la pobreza.

En este punto, la compleja situación que atraviesa Toledo es la misma que persiguió en los últimos años a otros líderes latinoamericanos imposibilitados de conjugar la dimensión de las crisis económicas con las urgencias de las demandas sociales.

Los viejos vicios

"El gobierno está en una etapa previa a una dictadura. Pese a que prometió dejar atrás los vicios del régimen anterior, Toledo ha reaccionado del mismo modo que lo hizo Fujimori cuando crecieron las dificultades: poniendose detrás de las fuerzas armadas", dijo a LA NACION el analista político peruano Javier Valle Riestra.

El gobierno justificó la decisión de militarizar el país argumentando que existen intentos por instalar el caos por medio de la acción de una dirigencia sindical que, mayoritariamente, se enrola en la opositora Alianza Popular Revolucionaria (APRA) que lidera el ex presidente Alan García. Como en cada crisis que afrontó Toledo, el gobierno no descartaba ayer que la figura de García estuviera detrás de movimientos desestabilizadores que buscan el final del actual gobierno.

García, convertido hoy en líder de la oposición y para muchos analistas en el futuro presidente del país, pidió ayer "un esfuerzo supremo" a todos los sectores para lograr un diálogo que evite el estado de sitio y un agravamiento de la situación. Un llamado a concertar que todos los analistas consideran sin sentido luego de sucesivos acuerdos y compromisos que no superaron la etapa del papel.

"Esto es el acelerador de una crisis de final imprevisible", consideró Del Valle Riestra, para quien sólo una reforma constitucional en el país podrá fortalecer el sistema democrático sin tener que buscar, una vez más, la defensa de las ballonetas.

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