Un caso con múltiples conflictos de intereses

Enron tuvo lazos con funcionarios
Enron tuvo lazos con funcionarios
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25 de enero de 2002  

WASHINGTON.- Los alcances políticos y económicos del caso Enron han evidenciado una compleja trama de intereses que involucra a funcionarios del gobierno, del Congreso y de la Justicia y que anticipa una lucha partidaria alrededor de la investigación.

En el terreno político, el caso puede convertirse en un instrumento que la oposición demócrata aproveche, a diez meses de las elecciones legislativas, aunque los alcances son inciertos, ya que los demócratas también se beneficiaron de la "generosidad" del grupo energético y, además, el presidente George W. Bush mantiene una gran popularidad en tiempos de guerra.

Más allá de la eventual responsabilidad de los dirigentes de la firma de Houston, que es objeto de múltiples investigaciones, el episodio conduce a los vínculos entre la empresa y la administración Bush, incluyendo al presidente. También se pretende saber si la firma pudo influir en la política energética del gobierno.

En la Casa Blanca, por ejemplo, Enron fue la empresa que más contribuyó económicamente a la campaña electoral de Bush. La compañía y su titular, Kenneth Lay, amigo personal de Bush, figuraron entre los principales contribuyentes a las campañas, con donaciones de cerca de 600.000 dólares entre 1994 y 2001. También el vicepresidente, Dick Cheney, tuvo estrechas relaciones con directivos de Enron.

En el Departamento de Justicia, su titular, John Ashcroft, se negó a actuar en el caso porque en su momento aceptó 57.000 dólares en carácter de financiamiento electoral de la Enron.

Contribuciones

En el Congreso, donde algunos legisladores comenzaron a devolver el dinero aportado por Enron, son 250 los parlamentarios, de ambos partidos, que recibieron contribuciones electorales. Según el Center for Responsive Politics, que fiscaliza las donaciones, Enron financió desde 1989 las campañas de 71 senadores, de los cuales 29 fueron demócratas, y de 188 representantes, 71 también demócratas.

En el ámbito judicial también se manifestó el conflicto, y en Houston, la ciudad en que tiene su sede la compañía, los casi 100 fiscales y abogados de la oficina de la fiscalía federal se negaron a actuar en el caso porque casi todos están directamente involucrados o tienen familiares o amigos que perdieron dinero en la quiebra. Así, la Justicia se vio obligada a crear una fuerza especial externa para enviar a la ciudad texana.

Además, el fiscal general de Texas anunció que se abstenía de las investigaciones e incluso Lee Rosenthal, una jueza federal que debía pronunciarse sobre las acciones legales de pequeños accionistas, se negó a hacerlo, ambos citando conflicto de intereses.

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