Un caso de corrupción complica a Lula

Estalló un escándalo al revelar la policía que su partido recaudaba fondos electorales por medio de chantajes a empresas
Estalló un escándalo al revelar la policía que su partido recaudaba fondos electorales por medio de chantajes a empresas
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29 de junio de 2002  

SAN PABLO.– Un escándalo de corrupción de consecuencias inimaginables para la sucesión presidencial está agitando el ambiente político brasileño: según una investigación de la Policía Federal, la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT) habría recibido fondos de coimas cobradas a empresas que prestaban servicios en municipalidades gobernadas por el PT, el partido de Luiz Inacio Lula da Silva.

Las revelaciones surgieron a partir de una serie de pinchaduras telefónicas hechas a figuras del Partido de los Trabajadores, incluyendo el propio Lula. Por eso, él, indignado, e incluso dirigentes de otros partidos, están acusando al gobierno de estar realizando espionaje político para perjudicar las candidaturas de oposición.

“¿Qué terrorismo barato es éste? Esta policía política yo pensé que ya había terminado. Por mucho menos que ésto, por el caso Watergate, Nixon renunció. Según los diarios, estoy siendo investigado. ¿Qué Gestapo es ésta, qué papel de policía nazi es ése?”, preguntó ante los medios un irritadísimo Lula.

Sin embargo, todos los medios de comunicación presentan pruebas y testimonios que comprueban que realmente existía en Santo André, partido del Gran San Pablo gobernado por el PT, un esquema de corrupción destinado a recaudar dinero a la usanza de PC Farías, el tesorero de Fernando Collor de Mello.

Aunque los medios no llegaron a comprobar que el dinero llegaba específicamente a la cúpula del partido, es decir, a Lula, ayer el fiscal general de la república, Geraldo Brindeiro, aseguró sin medias palabras: “Hay fuertes indicios contra el diputado del PT (José Dirceu, presidente nacional del Partido de los Trabajadores y alter ego de Lula)”.

Además de negar todas las acusaciones, el PT está saliendo al cruce de las denuncias lanzando sospechas sobre la intencionalidad política de las investigaciones de la Policía Federal.

Es que estas revelaciones llegan cuando el candidato del PT, Lula, está al frente de todas las encuestas, con el 40% de las intenciones de voto, contra aproximadamente el 20% del candidato oficialista, José Serra. Y llegan también cuando aún está fresca otra investigación de la Policía Federal: la que derribó la candidatura de Roseana Sarney cuando la gobernadora e hija del ex presidente José Sarney triplicaba las intenciones de voto de Serra.

Mexicanización

Ayer, repercutiendo la investigación contra el PT, el ex presidente José Sarney llegó a denunciar nuevamente una “mexicanización” de la política brasileña, y a acusar a Fernando Henrique Cardoso de estar al tanto de las operaciones.

“La democracia brasileña está manchada por la vergonzosa vuelta a los métodos mexicanos de los años 50 (utilizados por el PRI para perpetuar al partido en el gobierno)”, aseveró Sarney.

“El método ya es muy conocido”, dijo Sarney, que conoce el lado más oscuro de la política después de ser una de sus figuras principales durante las últimas tres décadas.

Sin embargo, las acusaciones contra la Policía Federal parecen no invalidar las denuncias contra el PT, que con este caso habría dado el último paso necesario para transformarse en un partido político tradicional. Al mismo tiempo, si la Policía Federal está siendo usada como instrumento político, la gravedad de la situación llegar a ser de una gravedad inusitada.

La forma en que la Policía Federal condujo el caso es tan inexplicable o sospechosa –alegando que le pincharon el teléfono a Lula sin darse cuenta, por ejemplo–, que el propio candidato oficialista, José Serra, afirmó ayer: “Hay cosas realmente extrañas y voy a querer saber las explicaciones”.

Dirceu, presidente del PT, que según las denuncias es quien recibiría las coimas para usarlas en la campaña electoral, contraatacó diciendo que la próxima semana presentará pruebas contra las acciones de la Policía Federal. “Es todo muy grave. Es un escándalo sin precedente en la historia del país”, señaló.

Aun así, Dirceu no pudo explicar ninguna de las acusaciones contra la estructura del partido.

Por ejemplo, el empresario Luiz Alberto Angelo Gabrilli Filho, de la empresa de transportes São José, relató bajo juramento que pagaba 40.000 reales (unos 15.000 dólares) por mes de coima para poder funcionar, porque si no lo hacía sufría “severas restricciones administrativas”. Ese dinero era pago a Sergio Gomes, un empresario y colaborador directo del intendente de Santo André, Celso Daniel, coordinador de la campaña política de Lula. Daniel fue secuestrado y asesinado en enero, cuando estaba con Gomes, lo que agrega detalles más oscuros a la trama.

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