Perfil. Un defensor de la justicia global acorralado en su país

15 de mayo de 2010

MADRID (AFP).- Desde que irrumpió como uno de los jueces españoles más trascendentes, Baltasar Garzón fue defendido a capa y espada por sus partidarios por su dedicación, pero sus detractores lo describen como una estrella, más preocupado por salir en la primera página de los diarios que por el buen fundamento jurídico de sus instrucciones.

Garzón, pionero y ardiente defensor de la "justicia universal", que logró acorralar a Augusto Pinochet y a otros ex represores sudamericanos, e incluso solicitó la detención del líder terrorista Osama ben Laden, se ve ahora sentado en el banquillo de los acusados en su propio país por haber intentado investigar los crímenes del franquismo.

Su decisión, el 17 de octubre de 2008 -diez años después de pedir la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad- de abrir la primera instrucción sobre los "crímenes contra la humanidad" del franquismo, acabó por volverse contra él.

La derecha y los medios conservadores lo acusaron de reabrir inútilmente viejas heridas, mientras que la fiscalía le reprochó haber lanzado una "inquisición general" basada sobre un castillo de naipes jurídico, hasta que finalmente tiró la toalla.

Su intento fue coherente con la trayectoria profesional de un juez que con el caso Pinochet desató un efecto dominó, ya que países como la Argentina, Chile, y Guatemala empezaron a investigar los crímenes de sus dictaduras.

Tras investigar en España los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990), en los que logró incluso llevar a juicio al ex represor argentino Adolfo Scilingo, condenado en 2005 a 1084 años de cárcel, ¿cómo ignorar los crímenes de la dictadura española?

Garzón, de 54 años, aspecto tímido y voz aguda, falló en su país y podría pagarlo caro, pero sus investigaciones sobre los regímenes militares en América latina llevaron a que la justicia española reconociera en 2005 su competencia para perseguir y juzgar crímenes de lesa humanidad en todo el mundo.

Aunque algunas de sus grandes investigaciones sobre el terrorismo fueron luego criticadas en los tribunales, el juez ha logrado grandes éxitos en 20 años de lucha contra la organización armada independentista vasca ETA.

Su investigación sobre la financiación de ETA le llevó en 2002 a suspender las actividades del brazo político de la organización armada, Batasuna, ilegalizada por el Tribunal Supremo al año siguiente.

Aunque este juez de 54 años, casado y con tres hijos, llegó a tener un cargo en el último gobierno socialista de Felipe González (1982-1996), ello no le impidió investigar los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupo secreto creado en los años 80 bajo la gestión socialista para eliminar físicamente a miembros de ETA.

Esa investigación, que contribuyó a poner fin al gobierno de González, le valió la aprobación de la derecha. La misma que se volvió contra él por haber apoyado las negociaciones de 2006-2007 entre el gobierno socialista y ETA, investigar sobre el franquismo y descubrir el año pasado un vasto escándalo de corrupción que salpica al opositor Partido Popular.